La comisión responsable de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) denominada 'Ley de Volcanes' ha hecho un llamado urgente a los grupos del Parlamento de Canarias, solicitando que aceleren el proceso legislativo y actúen con responsabilidad ante el riesgo de futuras erupciones volcánicas.

En una reciente declaración, esta comisión, compuesta por ciudadanos afectados por la erupción de La Palma en 2021 y que logró reunir casi 20,000 firmas de apoyo en toda la región, ha expresado su inquietud por la falta de celeridad y consenso en la tramitación de esta ley, exactamente un año después de que se aprobara su inicio en la Cámara regional.

Los promotores de la iniciativa han señalado que registraron las firmas en septiembre de 2023, pero fue solamente el 12 de junio del año siguiente cuando el Parlamento dio luz verde de forma unánime al comienzo del trámite de esta ley, cuyo objetivo es garantizar a los afectados por catástrofes volcánicas el derecho a una recuperación adecuada y justa en tiempos razonables.

Durante el pleno en que se inició la tramitación, todos los grupos políticos (PSOE, CC, PP, NC-BC, Vox, ASG y AHI) manifestaron su respaldo a la propuesta. Sin embargo, la comisión ha alertado que el avance del texto está estancado debido a la pugna partidista y a la falta de voluntad política para llevarlo a cabo de manera ágil, a pesar de que ya se han incorporado las modificaciones sugeridas por el Consejo Consultivo de Canarias, un obstáculo que ya se ha superado.

Asimismo, los promotores insisten en que la normativa debe tener efectos retroactivos en favor de los afectados por la erupción, asegurando que no sería lógico que quienes han vivido esta experiencia no se beneficiaran de disposiciones que podrían ser más favorables que las leyes actuales vigentes que regulan la recuperación residencial y agrícola.

La comisión también advierte que prolongar la aprobación de esta ley podría considerarse una falta de responsabilidad política. En un territorio donde los desastres naturales son una posibilidad real, es fundamental contar con un marco legal que responda a este tipo de crisis.

Para los ciudadanos implicados, la ineficacia de las leyes existentes ha generado un sufrimiento adicional, al convertirse en un "segundo volcán" que ha aumentado la carga emocional que ya soportan los afectados por el Tajogaite.

Además, la comisión de estudio establecida en el Parlamento de Canarias para investigar esta tragedia ha sugerido la creación de una nueva legislación que proteja los derechos de los afectados y que haga más eficiente el proceso de recuperación tras desastres volcánicos, según se indica en sus recomendaciones.

Por todo ello, la comisión promotora de la ILP hace un llamado a la Mesa del Parlamento y a los diversos grupos parlamentarios para que impulsen con celeridad la 'Ley de Volcanes' con una visión de consenso, advirtiendo sobre el vacío legal que enfrenta la comunidad autónoma en lo que respecta a los derechos de quienes puedan ser afectados por erupciones en áreas pobladas. Canarias debe prepararse y aprender de las lecciones que ha dejado la erupción de Cumbre Vieja.