SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 de enero. La portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Congreso de los Diputados, Cristina Valido, ha dado un paso importante al registrar una Proposición No de Ley ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible. En esta iniciativa, solicita que se declare de interés general la implementación de proyectos ferroviarios en Tenerife y Gran Canaria, en cumplimiento de lo que establece el Estatuto de Autonomía, y que estos proyectos sean integrados en la estrategia ferroviaria a nivel nacional.

En la proposición, que ha sido captada por Europa Press, también se demanda que la financiación de dichos proyectos se realice a través de un convenio de colaboración entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Canarias. Este convenio tendría una duración inicial de diez años, con la posibilidad de extenderse por otros siete, garantizando así que el archipiélago reciba un tratamiento "justo y proporcional" en términos de inversión ferroviaria. De esta manera, se busca equiparar los derechos de los canarios con los de otras comunidades autónomas y mitigar el conocido “déficit histórico” en inversiones que afecta a la región.

Desde Coalición Canaria se enfatiza que el desarrollo de los trenes en el archipiélago es una prioridad estratégica que no puede ser pospuesta. La falta de este servicio perpetúa las desigualdades históricas que van en contra de los principios de cohesión y equidad territorial, limitando las oportunidades de crecimiento económico, social y medioambiental en las islas.

Según el análisis de CC, el transporte ferroviario no debe considerarse un lujo, sino un derecho que debe ser asegurado en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos españoles. Es inaceptable que los habitantes de Canarias, simplemente por vivir en un territorio insular, no cuenten con infraestructuras ferroviarias adecuadas financiadas por el Estado, mientras que esta situación es contraria a lo que ocurre en el resto del país.

La propuesta se fundamenta en el artículo 138.1 de la Constitución Española y en el artículo 3 del Estatuto de Autonomía. Ambos artículos abogan por un "equilibrio económico adecuado y justo" entre los diferentes territorios, teniendo en cuenta factores como "la lejanía, la insularidad y la condición ultraperiférica" al momento de tomar decisiones sobre inversiones estratégicas.

Además, se menciona que, a pesar de que ciertos artículos indican que existen competencias exclusivas sobre la red viaria y ferroviaria, este marco competencial no ha impedido que el Estado firme y financie convenios relacionados con infraestructuras como las carreteras. Esto implica que, aunque la responsabilidad recaiga en las comunidades autónomas, la financiación estatal sigue siendo esencial para corregir las desigualdades generadas por la insularidad y el estatus ultraperiférico de Canarias.

A pesar de todo, CC subraya que Canarias sigue siendo la única comunidad autónoma en España que carece de infraestructura ferroviaria financiada por el Estado. Mientras en la península el Ministerio de Transportes se encarga de la financiación de redes ferroviarias de interés general, en Canarias esta inversión ha sido prácticamente inexistente a lo largo de la historia.

Por otro lado, se detalla que los cabildos de Gran Canaria y Tenerife, apoyados decididamente por el Gobierno de Canarias, han mostrado un firme compromiso con la implementación de una red ferroviaria en ambas islas. Esta acción representa una solución estratégica para avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible, alineado con los objetivos promovidos a nivel estatal y europeo en materia de movilidad.

Los nacionalistas también resaltan que estos proyectos, que ya son ampliamente conocidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, no solo responden a la necesidad de descongestionar las vías existentes, sino que son cruciales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, fomentar la cohesión territorial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

En conclusión, la PNL subraya que la red ferroviaria prevista para ambos territorios aspira a ofrecer alternativas de transporte público más seguras y eficientes, contribuir a la descarbonización del transporte en Canarias y garantizar una conectividad más equitativa entre los distintos núcleos de población. Para CC, la ausencia de un sistema ferroviario en el archipiélago es una desigualdad inaceptable. La financiación de estas infraestructuras no solo representa una obligación legal y moral, sino que también se presenta como una oportunidad para fomentar un desarrollo equitativo y sostenible en todo el territorio nacional.