CC aprueba el primer decreto de vivienda con limitaciones a no residentes y rechaza el segundo

El Comité Ejecutivo Nacional de Coalición Canaria (CC) ha decidido votar a favor del primer decreto de vivienda en el Congreso, aunque con reservas y la intención de introducir mejoras. Asimismo, ha expresado un rechazo rotundo al segundo decreto, argumentando que genera inseguridad jurídica y perjudica al mercado de alquiler.

Este pronunciamiento refleja la postura del partido ante una problemática habitacional que, en Canarias, presenta particularidades por su presión demográfica y turística. La formación busca reducir la compra de viviendas por no residentes y reforzar las medidas que protejan a los residentes locales, en un contexto de escasez de oferta y alta demanda.

La decisión del CC responde a una estrategia política que combina la defensa de las singularidades del archipiélago con la necesidad de intervenir en un mercado que requiere mayor regulación y garantías. La incorporación de medidas como el silencio administrativo positivo y la limitación a compradores extranjeros forma parte de esa visión de protección social y territorial.

Por otro lado, el rechazo al segundo decreto evidencia la preocupación del partido por las posibles consecuencias negativas, como la retirada de viviendas del mercado y el impacto en pequeños propietarios, en un escenario donde la disponibilidad de alquileres ya es limitada. La formación insiste en que la política de vivienda debe priorizar la oferta y la seguridad jurídica.

El escenario político en Canarias y en el Estado refleja tensiones entre distintas sensibilidades sobre la gestión del mercado inmobiliario. La postura de CC busca equilibrar la protección del acceso a la vivienda con la necesidad de mantener el mercado estable y accesible. La tramitación como proyecto de ley permitirá introducir enmiendas que refuercen esas prioridades.

En perspectiva, la evolución de estas propuestas legislativas marcará la hoja de ruta del gobierno canario en materia de vivienda. La defensa de medidas específicas para Canarias apunta a consolidar una política más ajustada a las condiciones del archipiélago, enfrentándose a un entorno de creciente demanda y escasa oferta, en un contexto de reformas que aún están en proceso de definición.