El archipiélago canario ha solicitado urgencia al Gobierno central para dar inicio a los traslados de menores migrantes no acompañados, advirtiendo que la cifra de 8,5 millones de euros que se asignará a la comunidad es radicalmente insuficiente en comparación con la crisis que enfrentan. Las comunidades autónomas lideradas por el Partido Popular han mostrado su desacuerdo con el reciente real decreto que regula este reparto, considerándolo más una imposición que una solución real.

Este reclamo emergió durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, celebrada en el Ministerio de Derechos Sociales, donde los ministros y responsables autonómicos discutieron la situación actual de los menores migrantes. La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, destacó la necesidad de una financiación adecuada, puesto que el archipiélago ya enfrenta un déficit de 140 millones de euros en la atención a estos menores.

Los representantes canarios han enfatizado la urgencia de realizar los traslados antes de septiembre, un periodo en el que tradicionalmente se incrementan las llegadas de embarcaciones. Delgado subrayó que esperar a esa fecha es inviable para un sistema que ya se encuentra colapsado, con más de 5.600 menores bajo tutela del Gobierno regional. También solicitó el traslado inmediato de más de 800 menores que buscan asilo, indicando que la respuesta del Gobierno ha sido tardía.

Desde Castilla-La Mancha, gobernador por el PSOE, han expresado su preocupación por la falta de aumento en la financiación. La consejera de Bienestar Social, Bárbara García Torijano, manifestó la dificultad de que los traslados se inicien en agosto, aduciendo que dicho mes es poco propicio para las administraciones. Calificó los 100 millones de euros asignados como una solución “low cost”, indicando que se requerirían alrededor de 250 millones para atender adecuadamente esta crisis.

Las comunidades bajo gestión del Partido Popular han manifestado su oposición al decreto y también exigido más recursos. Ana Dávila, consejera de Familia y Juventud de Madrid, insistió en la crítica situación de los centros de acogida, que llevan décadas siendo una voz de alarma constante. Afirmó que el Gobierno no está implementando un plan efectivo para coordinar la respuesta entre regiones.

Un punto destacado fue que el real decreto en cuestión ya ha sido recurrido por 11 comunidades ante el Tribunal Constitucional, que agrupan el 70% de la población nacional. La situación ha llevado a muchos a cuestionar la legitimidad de la medida, ya que algunos argumentan que puede invadir competencias autonómicas y atentar contra los derechos de los menores extranjeros.

Desde Aragón, el gerente del Instituto Aragonés de Servicios Sociales expresó también su resistencia a la reubicación de estos menores, enfatizando que los 22 millones de euros existentes son manifestamente insuficientes para abordar la presión a la que se enfrentan las comunidades más afectadas.

La Región de Murcia, por su parte, ha mostrado nuevamente su disconformidad con la gestión de esta crisis. La consejera de Política Social, Conchita Ruiz, recordó que no se ha reconocido el impacto que esta crisis ha tenido en su región, resaltando la llegada de 300 menores de Canarias y la saturación de su sistema de protección, que está funcionando a más del 200% de su capacidad.

En un tono similar, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, reiteró su postura contraria a lo que considera una imposición del Gobierno, demandando que cualquier solución surja del diálogo y el acuerdo entre todas las autonomías. Aseguró que, pese a sus esfuerzos para contribuir, su comunidad ha sido ignorada en el proceso de toma de decisiones.