Canarias reclama al Estado eliminar las deducciones en ayudas por dependencia

El Gobierno de Canarias ha solicitado oficialmente al Ministerio de Derechos Sociales la eliminación definitiva de las deducciones automáticas en las prestaciones económicas del Sistema de Atención a la Dependencia (SAAD). Actualmente, estas deducciones reducen el importe de las ayudas cuando los beneficiarios perciben otras prestaciones similares de diferentes regímenes públicos.

Este mecanismo afecta a distintos complementos y subsidios, dificultando la suficiencia de recursos para atender las necesidades reales de las personas en situación de dependencia. La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha señalado que esta normativa limita la capacidad de respuesta del sistema y perpetúa la insuficiencia de recursos en los hogares, especialmente en casos complejos de discapacidad y dependencia.

El Gobierno regional considera que la actual regulación penaliza a quienes requieren atención continua, productos de apoyo y adaptación del entorno, limitando el acceso efectivo a los derechos y recursos. La reclamación se enmarca en un contexto político en el que la desigualdad en la financiación y la competencia normativa entre administraciones es un tema recurrente en la política social española.

El debate normativo sobre esta cuestión está en curso en el Senado, donde solo se contempla la eliminación de las deducciones en casos de dependencia extrema. Canarias aboga por ampliar esta medida a los grados I y II, que también soportan costes elevados y necesitan recursos adecuados para garantizar la autonomía y el bienestar de sus habitantes.

El Ejecutivo regional ha advertido que cualquier ampliación de derechos debe contar con la financiación suficiente por parte del Estado. Además, ha anunciado la publicación de un decreto para reformar la Ley Canaria de Servicios Sociales, con el objetivo de simplificar procedimientos y reforzar la capacidad del sistema para atender las necesidades de la población en situación de dependencia.

Este cambio en la normativa refleja una estrategia a largo plazo para mejorar la cohesión social y la calidad de vida de las personas dependientes en Canarias. La iniciativa busca también reducir las desigualdades territoriales y mejorar la gestión de recursos públicos en un contexto de creciente demanda de atención especializada.