El Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de buscar el respaldo de los servicios jurídicos de la comunidad autónoma para unirse al recurso presentado por el Gobierno central en el Tribunal Constitucional, defendiendo el decreto-ley sobre los menores migrantes no acompañados. Esta declaración fue realizada por el portavoz del Ejecutivo, Alfonso Cabello, quien manifestó que las Islas se sienten "perjudicadas" ante las acciones legales emprendidas por otras comunidades, como Aragón y Madrid.

Cabello hizo un llamado al Gobierno de la nación para que "respete la ley". Según él, no debería existir una tardanza hasta la próxima reunión de la conferencia sectorial de Infancia, sobre todo considerando que hay aproximadamente 1.200 solicitantes de asilo que ya podrían ser trasladados, independientemente de que el Tribunal Supremo escuche al Gobierno el 29 de mayo.

El portavoz lamentó la continua falta de derivaciones y enfatizó la necesidad de "desbloquear" la situación crítica del sistema de acogida en las Islas, que sigue bajo un estado de emergencia migratoria profundo. "Se habla mucho de solidaridad, pero nadie quiere tomar responsabilidades", subrayó.

Cabe resaltar que el portavoz opina que el Gobierno central "debería haber tomado acciones más efectivas", permitiendo que las comunidades autónomas comunicaran el estado de sus recursos de acogida, y criticó que las autoridades han estado manipulando los datos, señalando que para los 1.200 menores solicitantes no se necesita ninguna espera adicional.

Cabello continuó pidiendo "auxilio" al Ejecutivo nacional para ayudar a "aliviar" la situación, instando a que las comunidades autónomas actúen con "solidaridad y visión amplia", dado que la situación actual es "crítica y excepcional".

Un ejemplo de esta crisis es el centro Emena La Fortaleza I, que fue cerrado por orden judicial en Santa Brígida, donde además se han producido detenciones por delitos relacionados con lesiones y amenazas.

Aunque Cabello reconoció que las condiciones de los centros no son las ideales, también hizo hincapié en que las inspecciones están funcionando "con firmeza", al tiempo que subrayó que el caso está en fase de secreto de sumario.

El portavoz insistió en la urgencia de iniciar las derivaciones para evitar el colapso, mencionando que las instalaciones están operando al "casi 200%" de su capacidad desde hace más de un año y medio. En algunos centros hay hasta 400 menores, a pesar de que la capacidad óptima debería ser de solo 20 por recurso. "Necesitamos la ayuda y el apoyo del Gobierno y de las comunidades autónomas", concluyó.