Canarias invierte más de un millón de euros en seguridad litoral para municipios menores de 20.000 habitantes

El Gobierno de Canarias ha aprobado una modificación presupuestaria que destina 983.613 euros adicionales para reforzar la seguridad en las zonas costeras de municipios con menos de 20.000 habitantes. Esta cuantía se suma a los 250.000 euros ya previstos, alcanzando un total de 1,2 millones de euros destinados a este fin. La iniciativa forma parte de las políticas de protección y seguridad en el litoral, en un contexto donde las administraciones locales enfrentan limitaciones presupuestarias para gestionar estos espacios.

La decisión responde a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad homogéneas en las costas de la comunidad, especialmente tras la anulación del decreto de regulación del 2018 por parte de la justicia en 2023. La inversión busca fortalecer la colaboración entre el Ejecutivo regional y los municipios más pequeños, que suelen tener menos recursos para la gestión de playas y espacios acuáticos, en un marco de coordinación con las organizaciones de socorristas y colectivos sociales.

Este impulso presupuestario se enmarca en un contexto de incremento en las cifras de fallecimientos en zonas acuáticas en las islas, con más de 50 muertes en lo que va de año, según datos de asociaciones locales. La región continúa negociando un nuevo marco normativo que unifique y homogeneice las condiciones de seguridad en las zonas de baño, tras la sentencia que anuló el decreto de 2018, con participación de diversos agentes sociales y profesionales del sector.

En paralelo, el Gobierno también ha aprobado una partida de casi 30.000 euros para la Asociación de Socorristas de Canarias, con el objetivo de potenciar programas de sensibilización y formación. Entre ellos, destacan iniciativas dirigidas a niños y a la capacitación de profesionales y voluntarios en la respuesta a emergencias acuáticas, en un esfuerzo por reducir los riesgos y mejorar la prevención en el litoral.

Desde una perspectiva política, esta inversión refleja un compromiso de las instituciones canarias con la seguridad en el litoral, en un momento en que las competencias en materia de protección civil y seguridad acuática están en revisión. La colaboración con asociaciones y colectivos evidencia un enfoque multisectorial para abordar los desafíos en espacios naturales y públicos, en línea con las políticas de cohesión territorial y protección a las comunidades locales.

De cara al futuro, la implementación de la nueva normativa y la continuidad de las inversiones podrían marcar un punto de inflexión en la gestión del riesgo en las playas canarias. La coordinación interinstitucional y la participación activa de la sociedad civil serán clave para consolidar un modelo de seguridad que pueda adaptarse a los cambios en el uso del litoral, en un archipiélago donde la costa sigue siendo un recurso estratégico y un espacio de riesgo potencial.