En un reciente encuentro en Las Palmas de Gran Canaria, el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, expuso diversas propuestas a Beatriz Yordi, directora de Mercados de Carbono y Movilidad Limpia de la Comisión Europea. El objetivo de estas propuestas es analizar y mitigar la pérdida de competitividad que podría derivarse de la implementación del sistema de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea (EU ETS). Rodríguez, junto con otros líderes regionales, busca proteger a las navieras que operan en la región ante la posibilidad de que estas se trasladen a otros territorios que no estén sujetos a estas estrictas regulaciones ambientales.

En esta reunión, que también contó con la participación de la directora general de Transportes y Movilidad, María Fernández; la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada; el presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, Pedro Suárez; y la delegada del Gobierno de Canarias en Bruselas, Cristina Domínguez, se discutieron los serios retos que enfrenta el archipiélago. Rodríguez enfatizó su "profunda preocupación" al respecto, dado que estas regulaciones pueden reducir tanto la competitividad como la conectividad de las islas, que se caracterizan por su "fragilidad" y "fragmentación".

El consejero puntualizó la necesidad de equilibrar las políticas medioambientales con una correcta evaluación de los daños que puedan acarrear a la competitividad de Canarias. Esta situación podría inducir a las navieras a abandonar las rutas que conectan las islas, en favor de otras menos reguladas, lo que podría generar un efecto negativo en la economía local.

Además, Rodríguez comunicó que Canarias realizará esfuerzos en conjunto con otras regiones ultraperiféricas para adaptar estas políticas europeas, manteniendo un firme compromiso hacia la transición ecológica, aunque esto no implique renunciar a sus intereses económicos y sociales.

Por otro lado, la presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, hizo hincapié en que la aplicación del EU ETS debería ser regulada por la Organización Marítima Internacional. Según ella, esto garantizaría que el tráfico marítimo internacional tuviera que cumplir con las mismas condiciones, evitando así que Canarias pierda competitividad frente a otras regiones.

Calzada también mencionó que la Autoridad Portuaria está comprometida con mejorar la descarbonización de los puertos. Sin embargo, advirtió que los efectos negativos de la implementación de las ETS superan a cualquier beneficio que pudiera traer consigo.

"Estamos en Bruselas para enfatizar que la futura tasa impuesta a los buques por contaminación podría tener serias repercusiones en nuestra economía y en nuestra capacidad de supervivencia", alertó Calzada, subrayando que una posible disminución en la conectividad podría favorecer a otros puertos en el extranjero y poner en riesgo el suministro de mercancías a las islas.

Finalmente, Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, reveló que ha mantenido conversaciones con algunas navieras que han manifestado su intención de suspender escalas en los puertos canarios si se aplica la normativa del EU ETS.

No obstante, Suárez destacó la relevancia de seguir defendiendo las particularidades del archipiélago, asegurando al mismo tiempo que un tráfico marítimo internacional eficiente es crucial para mantener la conectividad de las islas. También enfatizó que sería extremadamente complicado afrontar el aumento de los costes de las mercancías si no se logra una exención adecuada ante esta normativa europea.