José Manuel Ramírez, presidente del Observatorio Estatal de la Dependencia, ha expresado su profunda preocupación por la situación de la dependencia en Canarias, a la que califica como una trayectoria hacia un futuro sombrío. Durante su intervención en el 'I Congreso de Servicios Sociales e Inclusión Social' en La Laguna, Ramírez reveló cifras alarmantes: 2.033 ciudadanos han perdido la vida mientras aguardaban en listas de espera este año.

El líder del Observatorio mostró su indignación hacia la gestión del Gobierno de Canarias, alegando que la falta de apoyo financiero por parte de la administración regional ha llevado al sistema a un punto crítico. Criticó la inacción del Ejecutivo, señalando que los cabildos y municipios están asumiendo una carga que debería corresponder a la comunidad autónoma.

Particularmente duro fue su juicio hacia Inés Rojas, exconsejera de Servicios Sociales, que ocupó el cargo durante ocho años. Según Ramírez, su falta de comprensión del sistema de dependencia ha contribuido a la crisis actual. Además, demandó a los actuales líderes, incluido el presidente Fernando Clavijo y la consejera de Hacienda Matilde Asián, que se aumente la inversión en este ámbito, apuntando a la necesidad urgente de más recursos financieros.

Ramírez explicó que, de los fondos que le corresponden a Canarias, solo se utiliza la mitad, dejando a otros niveles administrativos con la responsabilidad de cubrir el déficit. “Es imperativo que el presidente de la comunidad autónoma aumente su inversión en servicios sociales para poder atender adecuadamente a las entidades locales”, insistió.

El presidente del Observatorio no se mostró optimista sobre la gestión del Gobierno canario, describiéndola como superficial y criticando su falta de acción frente a la creciente vulnerabilidad de la población. “Los canarios en situación de dependencia enfrentan mayores dificultades que en cualquier otra región de España”, afirmó, y acusó a los mandatarios insulares de incumplir la legislación en esta materia.

Refiriéndose a épocas anteriores, Ramírez mencionó que durante la gestión de Marta Arocha (PSOE) se empezaron a vislumbrar mejoras, aunque enfatizó que cualquier progreso significativo requiere tiempo y un compromiso político a largo plazo.

El dirigente mostró su desacuerdo con el optimismo que exhibe el Gobierno canario, indicando que deberían reconocer sus fallos. También criticó la inacción del Gobierno central, advirtiendo que la efectividad del plan de choque está decayendo y que aún no hay actualizaciones en los Presupuestos Generales del Estado.

En su intervención, Ramírez también arremetió contra la falta de claridad del Ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ironizando sobre su rol en el contexto actual.

Respecto a las tristes estadísticas, destacó que en el archipiélago mueren siete personas diariamente en las listas de espera de dependencia, con un total aproximado de 25.000 ciudadanos que aguardan asistencia, lo que coloca a Canarias en una situación alarmante a nivel nacional.

Por otro lado, mencionó que Canarias tiene alrededor de 15.000 Programas Individuales de Atención (PIA) que no están activos, lo que equivale a un 40% del total nacional. En este sentido, Ramírez subrayó que la comunidad es la que menos invierte en servicios de dependencia en todo el país, con apenas 158,6 euros por habitante, y cuestionó el enfoque de “bajo coste” adoptado, que este año incrementó en un 18% las ayudas individuales.

Finalmente, la asociación que representa a Ramírez registró también una significativa disminución en los servicios de ayuda a domicilio y en la disponibilidad de plazas en centros de atención, alertando sobre la insostenibilidad del modelo actual de atención a la dependencia en las islas.