El Gobierno de Canarias ha presentado un nuevo proyecto de ley de presupuestos para el año 2026, que asciende a un total de 12.491,4 millones de euros, lo que refleja un aumento del 7% respecto a años anteriores, es decir, 813,2 millones de euros adicionales. Esta medida busca enfrentar un contexto económico que, según las autoridades locales, muestra signos de estancamiento.

Durante una reciente rueda de prensa, la consejera de Hacienda, Matilde Asián, del Partido Popular, expuso los pormenores de estas cuentas. A pesar de la “incertidumbre” que causa la falta de Presupuestos Generales del Estado y los objetivos de estabilidad financiera, el Ejecutivo canario enfoca sus inversiones hacia el gasto social, destacando la vivienda como una prioridad estratégica y promoviendo una "transición verde".

El informe revela que el área de Hacienda, dirigida por Mariano Hernández Zapata, es la que más incrementa su presupuesto, alcanzando un aumento del 44,8% hasta 453,6 millones de euros. A continuación, la partida de Presidencia recibe un incremento del 18,6%, llegando a los 159,8 millones.

Asián argumentó que el aumento en el presupuesto de Presidencia se debe a la ampliación de su ámbito de actuación, que ahora abarca nuevas estrategias económicas y programas relacionados con el desafío demográfico que enfrenta la región.

Sin embargo, no todo son noticias positivas. La partida para Obras Públicas, Transporte, Movilidad y Vivienda experimenta una notable disminución del 14,2%, reduciéndose a 361,3 millones de euros. La consejera justificó esta caída mediante la implementación de un nuevo convenio de carreteras que ajusta anualmente las inversiones a la capacidad real de ejecución de la comunidad autónoma.

Dentro de este marco de presupuesto total, el Servicio Canario de Salud recibirá 4.833 millones de euros, lo que significa un aumento del 5,2%, que equivale a más de 240 millones de euros respecto al periodo anterior. En el área educativa, se prevé un crecimiento de 159 millones de euros, colocándose en un total de 2.313 millones, lo que representa un incremento del 7,4%.

Respecto a la asistencia social, el gasto destinado alcanza los 824 millones de euros, lo que supone un aumento del 8,2% en comparación con 2025, mientras que, en lo que respecta a vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda verá un incremento del 14,9% en su presupuesto, lo que se traduce en 197,5 millones de euros.

El Ejecutivo regional tiene la ambición de reducir la deuda pública a 6.680 millones de euros para el próximo año, representando un 10,4% del PIB, lo que les permitiría alinearse con las normativas fiscales y de estabilidad presupuestaria que rigen en el país.

A pesar de las expectativas de crecimiento económico, con un aumento proyectado del 1,9% frente al 2,9% anticipado para 2024, la consejera ha manifestado que el panorama económico refleja signos preocupantes de estancamiento. Además, se estima que la tasa de desempleo apenas descenderá tres décimas, fijándose en un 12,8%.

En cuanto a la política fiscal, el Gobierno destinará esfuerzos a mejorar las deducciones fiscales relativas a la compra de vivienda habitual. La nueva propuesta de presupuesto para 2026 incluye una serie de ajustes en el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC) y el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para facilitar la adquisición de viviendas, elevando la edad y los límites de ingresos para beneficiarse de estas deducciones.

Particularmente, la edad máxima para aplicar estas deducciones se incrementará a 40 años, y el valor máximo de la propiedad podrá alcanzar los 200.000 euros. Asimismo, los límites de ingresos pasarán de 24.000 a 46.445 euros, y en el caso de tributación conjunta, de 34.000 a 61.770 euros.

Por si fuera poco, la propuesta incluye una modificación en el ITP, permitiendo que las rentas máximas de los compradores también se eleven a 46.445 euros, con un adicional de más de 6.000 euros por cada miembro familiar considerado en la declaración.

En el ámbito del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se introducirá una deflactación de la tarifa autonómica conforme a la evolución del IPC, lo que beneficiará a los ciudadanos en todo el archipiélago.

Además, se establece un nuevo incentivo fiscal para quienes inviertan en acciones de nuevas empresas, permitiendo deducciones del 20% hasta un máximo de 4.000 euros anuales, y del 30% hasta 6.000 euros para empresas vinculadas a universidades o centros de investigación.

En temas de salud, se anuncia el incremento del IGIC para bebidas energéticas, que pasará del 7% al 15%, y los impuestos sobre refrescos como medida para regular el consumo de azúcar. Asimismo, se introducen cambios en la tributación de productos nocivos para la salud como el tabaco.

Finalmente, se espera que el Parlamento de Canarias reciba el proyecto de ley el 30 de octubre para llevar a cabo las gestiones necesarias y que este nuevo marco presupuestario esté en efecto a partir del 1 de enero de 2026. Esta iniciativa surge como respuesta a un contexto económico complejo, donde la gestión fiscal se erige como pilar fundamental para afrontar los desafíos venideros.