SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 de agosto. La consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha destacado hoy que el reciente decreto que establece la capacidad de acogida de menores migrantes será beneficioso para todas las comunidades autónomas y ha insistido en su inmediata implementación.

Durante una rueda de prensa tras la aprobación del decreto en el Consejo de Ministros, Delgado señaló que el aumento de la presión migratoria en Baleares es un claro ejemplo de la situación que podría replicarse en otras regiones del país que cuentan con fronteras peninsulares.

La consejera enfatizó que la atención a los menores migrantes es un asunto que afecta al Estado en su conjunto y subrayó la necesidad de que todas las comunidades y el Gobierno central trabajen en conjunto para encontrar soluciones, además de esperar resultados de los recursos presentados ante el Tribunal Supremo.

A pesar de las inquietudes sobre la financiación necesaria, Delgado aseguró que no anticipa problemas para la ejecución del decreto. Reconoció que muchas comunidades alegan que los fondos disponibles son insuficientes para una atención prolongada, aunque son adecuados para un periodo limitado.

Delgado también afirmó que estas dotaciones se revisan anualmente y agradeció la colaboración de comunidades como el País Vasco y Cataluña, que, aunque no figuraban inicialmente en el reparto, han ofrecido plazas para acoger a los menores.

El decreto, según la consejera, define de manera clara el número de menores migrantes y la cantidad de plazas que cada comunidad debe tener disponibles, no solo para la situación actual, sino también para posibles futuros incrementos en el número de llegadas.

En el caso de que se declare una contingencia migratoria, que se activa al sobrepasar tres veces la capacidad establecida, los menores deberán repartirse entre las distintas comunidades. Por ejemplo, Canarias, con una capacidad de 737 plazas, se enfrenta actualmente a la responsabilidad de acoger a más de 5,000 menores.

Esta redistribución de menores también implica una asignación de recursos financieros, y Delgado mencionó que si la financiación no fuera suficiente, sería necesaria una discusión adicional con el Gobierno central. En este contexto, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha afirmado en el Congreso que los recursos actuales son adecuados.

“Es fundamental que se implementen las medidas necesarias para garantizar la atención de los menores a la mayor brevedad posible,” comentó Delgado, subrayando la importancia de que las comunidades autónomas cubran las necesidades de los menores hasta que alcancen la mayoría de edad.

El Gobierno canario, a través de sus acciones legales ante el Supremo, ha hecho hincapié en esta necesidad y ha dejado claro que no pueden permitir que la normativa quede en suspenso por falta de recursos.

Por último, Delgado puso de relieve que Canarias ha demostrado en el pasado su capacidad de respuesta, abriendo centros de acogida de manera rápida y efectiva cuando se presentaba una afluencia significativa de menores. Este modelo de actuación podría ser replicado por otras comunidades autónomas, siguiendo el ejemplo de Canarias, Ceuta o Baleares.