En un reciente anuncio, el Gobierno español ha revelado que la capacidad estándar de los sistemas destinados a la recepción de menores y adolescentes migrantes no acompañados se ha fijado en 32,6 plazas por cada 100.000 habitantes en todo el país. Esta medida marca un hito significativo en la política de acogida del Estado.

La decisión fue formalizada en un real decreto que establece la capacidad ordinaria del sistema de protección para menores no acompañados, aprobado en la última sesión del Consejo de Ministros. Este conjunto de normativas busca optimizar la manera en que se lleva a cabo la gestión de estos menores en las diferentes comunidades autónomas.

Con esta nueva normativa, se habilita un mecanismo que permite declarar a aquellas comunidades que superen tres veces su capacidad habitual en situaciones de crisis migratoria como bajo una contingencia extraordinaria. Esto activará inmediatamente los protocolos necesarios para el traslado de menores a otros lugares donde se cuente con más recursos.

Este real decreto es una respuesta a lo estipulado en la Ley Orgánica 4/2000, que se ocupa de los derechos y libertades de los extranjeros y su integración social en España, y que se ha visto reforzada tras la aprobación de medidas urgentes para salvaguardar los intereses de la infancia y adolescencia en situaciones de irregularidad migratoria.

Andalucía, Cataluña y la Comunidad de Madrid son las regiones que presentan la mayor capacidad ordinaria, con 2.827, 2.650 y 2.325 plazas, respectivamente. A continuación, se detallan las capacidades de otras comunidades: Aragón con 441, Asturias 331, Islas Baleares 406, Canarias 737, Cantabria 194, Castilla y León 783, Castilla-La Mancha 692, Extremadura 344, Galicia 886, Murcia 517, Navarra 223, País Vasco 731, La Rioja 107, Ceuta 27 y Melilla 28.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, enfatizó en una conferencia posterior al Consejo que este decreto representa un avance significativo en la protección de los derechos de los niños migrantes. Afirmó que es un imperativo moral ofrecer una recepción digna y solidaria a estos menores que llegan solos al país.

Por su parte, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha calificado este desarrollo como un antes y un después en el proceso de acogida de la infancia migrante no acompañada. Ha comunicado que el marco ya está preparado para la activación del protocolo de traslado correspondiente.

Rego también indicó que el Gobierno ha estado trabajando arduamente durante meses para garantizar los derechos de estos menores, a pesar de los obstáculos planteados por varias administraciones locales. "Es nuestra obligación brindarles una respuesta digna y solidaria", concluyó.