En un claro mensaje a las comunidades autónomas, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha declarado que ya no hay justificaciones para no actuar ante la situación de los menores migrantes no acompañados. En una reciente conferencia de prensa, Clavijo subrayó la necesidad de establecer un sistema eficiente para la distribución de estos menores, quienes actualmente suman alrededor de 5.200 en las islas, tras solicitar un aumento en la capacidad de acogida como parte de la contingencia migratoria.

Durante su encuentro con el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, el presidente aseguró que confía en que el sentido común prevalezca entre las comunidades autónomas y que la Fiscalía actúe para asegurar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el nuevo decreto ley. "Estamos convencidos de que la Fiscalía intervendrá de oficio si es necesario", afirmó, enfatizando la urgencia de acabar con el hacinamiento que afecta a estos jóvenes.

El mandatario canario remarcó que no hay motivo para que el proceso se detenga a menos que haya una decisión judicial que así lo indique, recordando que el Tribunal Supremo ha abordado la situación de los menores en varias resoluciones. Clavijo hizo un llamado a los líderes autonómicos, resaltando que en un país con 50 millones de habitantes, no debería ser un desafío el distribuir a un pequeño número de niños. Según él, generar tal controversia es un “flaco favor” a la democracia y los derechos infantiles.

El presidente también subrayó que la integración de estos menores debe ser completa y que todos los servicios necesarios deben estar garantizados. Lamentó las experiencias traumáticas que algunos de estos niños han vivido, como perder a sus padres durante el trayecto, e instó a abordar esta situación con la humanidad que requiere.

En cuanto a la gestión estatal, Clavijo pidió mayor rapidez en los trámites referentes a los menores solicitantes de asilo. "Estamos comprometidos a mejorar, y por eso estamos sumando 26 trabajadores adicionales para agilizar los procesos de documentación", indicó, enfatizando que aún son niños, quienes merecen protección y derechos plenos.

A partir del día de hoy, todos los menores que lleguen sin compañía deberán ser asignados a una comunidad autónoma en un plazo máximo de 15 días, mientras que aquellos ya acogidos en Canarias tendrán un periodo de un año para su derivación. "Lo establecido es lo que esperaremos se cumpla, y deseamos no tener que recurrir a los tribunales una vez más", explicó Clavijo.

Respecto a los solicitantes de asilo, el presidente confirmó que se están realizando traslados hacia la Península y que diversas ONG han ofrecido sus servicios al Estado. Sin embargo, Clavijo expresó su confusión ante la lentitud de estos procedimientos, sugiriendo que existe una estrategia detrás de la implementación de este nuevo decreto para aumentar el ritmo de estas gestiones.

A pesar de su preocupación, Clavijo reconoce una comunicación cordial con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, aunque aclara que la eficacia aún podría mejorar. "La relación está siendo fluida, pero sería ideal que se tradujera en resultados más efectivos", apuntó.

El presidente también abordó el aumento de la migración que afecta principalmente a Canarias, mientras advirtió que este fenómeno podría desplazar su foco hacia otras regiones como Baleares o Andalucía. "La migración es un fenómeno humano que debemos aprender a gestionar con dignidad", expresó, recordando su propia historia y la de muchos canarios que en el pasado también buscaron oportunidades lejos de su tierra.

Finalmente, Clavijo aprovechó para criticar el uso de la cuestión migratoria como una herramienta política, acusando a algunos sectores del populismo de derechas de jugar con el sufrimiento de los más vulnerables en un intento de ganar votos a costa de la dignidad ajena. "Es una postura mezquina que no considera las realidades de aquellos que buscan refugio", concluyó.