Crónica Canarias.

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Bienestar Social respalda su gestión en Dependencia y rechaza acusaciones de falsedad.

Bienestar Social respalda su gestión en Dependencia y rechaza acusaciones de falsedad.

La consejera Candelaria Delgado, encargada del área de Bienestar Social, ha convocado una rueda de prensa este jueves para contrarrestar las acusaciones de la oposición, que aseguran que el gobierno regional ha estado manipulando estadísticas sobre la atención a la dependencia.

Durante su declaración frente a los medios, Delgado rechazó rotundamente las afirmaciones de la oposición, subrayando que estas no son más que intentos de desinformar al público. "No toleraremos que se ponga en duda la integridad de nuestros funcionarios públicos", afirmó, reafirmando el compromiso de su departamento durante un balance de gestión celebrado en la sede de la Consejería.

La consejera presentó cifras concretas, obtenidas del Imserso y del Ministerio de Derechos Sociales, para desmentir los "relatos" de la oposición. "Hasta el momento, hemos registrado un total de 18.333 solicitudes, comparado con las 9.307 que se tramitaron en la legislatura anterior, lo que revela que la gestión pasada dejó más de 8.000 solicitudes sin registrar", destacó, evidenciando la supuesta falta de acción del anterior gobierno.

Delgado enfatizó que la atención a la dependencia se ha convertido en una prioridad fundamental en las políticas públicas. "Hemos realizado mejoras significativas en los ratios y nuestras cifras reflejan el trabajo arduo de los empleados públicos, así como la implementación de nuevos aplicativos y un decreto que facilita la tramitación", argumentó, defendiendo la labor de su equipo.

Asimismo, mencionó un avance notable en el número de resoluciones para determinar el grado de dependencia, con un total de 21.828 resoluciones procesadas en lo que va de legislatura, en contraste con las 13.813 resueltas por el gobierno anterior. Delgado destacó cómo el nuevo decreto ha permitido una mayor agilidad en este proceso, permitiendo resolver tanto el nivel de dependencia como el Plan Individual de Atención (PIA) de los solicitantes simultáneamente.

La consejera también subrayó que, en promedio, se están llevando a cabo 873,12 resoluciones mensuales en la actualidad, mientras que en la legislatura anterior la cifra era de solo 287,77. "El tiempo promedio de tramitación ha disminuido de 977 días a 478, acercándonos a los seis meses que establece la ley", declaró, mencionando que algunos municipios, como parte de su avance, ya logran cumplir con el requerimiento legal de resolución en un plazo de 180 días.

En relación a los expedientes pendientes, Delgado informó sobre las acciones en marcha para acelerar la resolución de 6.386 casos de personas que tienen derecho a una prestación pero que aún no la cuentan oficialmente. "Estamos trabajando para reducir este limbo lo más pronto posible", afirmó.

La consejera también se refirió a las personas que ya tienen grado y PIA, pero que todavía no han podido acceder a una prestación. Aseguró que se ha iniciado un contacto proactivo para entender las dificultades que enfrentan y facilitarles la información necesaria para avanzar en sus trámites.

Adicionalmente, Candelaria Delgado anunció la firma de un nuevo contrato de servicio de teleasistencia avanzada, que mejorará la atención y monitorización de personas dependientes en sus hogares. Esta iniciativa busca alinearse con la estrategia europea de desinstitucionalización, que promueve que las personas mayores y dependientes permanezcan el mayor tiempo posible en sus domicilios.

Por último, la consejera lamentó la insuficiencia de financiación estatal para los servicios de dependencia, señalando que la comunidad autónoma y los cabildos cubren el 78% del costo total, mientras que el Estado sólo contribuye con el 22%. Delgado remarcó que esta desigualdad ya ha sido comunicada en reiteradas ocasiones al gobierno central, argumentando que su aporte está por debajo del 50% estipulado en la Ley de Dependencia. La consejera concluyó enfatizando que el propósito principal de esta legislatura es cumplir con la ley y reducir el tiempo de espera a menos de 180 días.