En un reciente debate parlamentario en Canarias, Manuel Hernández, representante del PSOE, no dudó en criticar la gestión fiscal del Gobierno, describiéndola como "dolorosa" para los ciudadanos, mientras que su homólogo del PP, Fernando Enseñat, destacó la "irresponsabilidad" del Ejecutivo al no tener disponibles los presupuestos generales del Estado (PGE).

Matilde Asián, la consejera de Hacienda del Gobierno canario, expresó su preocupación este miércoles sobre la incertidumbre en la elaboración de los presupuestos del próximo año. Según ella, el Gobierno opera “con el ojo tapado” al no contar con información clave proveniente de los PGE, que llevan años prorrogados, así como la falta de claridad en el techo de gasto y en los objetivos de déficit.

Asián también acusó al Gobierno central de haber suprimido 226 millones de euros en transferencias de capital que debían ser destinados a Canarias. Estos fondos estaban previstos para programas vitales como el empleo en La Palma, la construcción de viviendas y la resiliencia en el sector turístico.

La consejera mostró su inquietud respecto a que el modelo para la condonación de deuda incluya elementos del Régimen Económico y Fiscal (REF), y expresó su deseo de que cualquier reforma en el sistema de financiación autonómico no resultara perjudicial para la comunidad: “Virgencita que me quede como estoy”, comentó en tono irónico.

Sobre los presupuestos autonómicos, Asián afirmó que se elaborarán con "prudencia" y que el "gasto social" será el enfoque principal. Además, se buscarán impulsar cambios para mejorar el modelo económico y cumplir con los fondos europeos Next Generation, que tienen como plazo máximo 2026.

A pesar de un incremento en los ingresos, fruto de la inflación y la actividad turística, la consejera reconoció que la distribución de estos ingresos no se alinea con las expectativas del Ejecutivo. Estableció que es fundamental que todos los ciudadanos se beneficien equitativamente de los recursos generados por el turismo, descartando la implementación de una tasa por pernoctación, ya que consideró que esta medida sería injusta para los residentes, según lo dictaminó recientemente el Tribunal Constitucional.

Manuel Hernández, del PSOE, fue contundente al manifestar que los presupuestos canarios de los últimos dos años han sido "oportunidades perdidas" que no han abordado las serias deficiencias que enfrenta la comunidad autónoma, llegando a catalogarlos como dañinos para el interés general.

Aseguró que estos presupuestos han sido un “sonoro fracaso” y, aunque el 70% se destina a gasto social, cuestionó si se cumplirán las leyes en áreas como servicios sociales, educación o cultura. Criticó la posibilidad de que se realicen modificaciones legales sin el debido proceso, haciendo alusión a un aumento salarial aprobado para los gerentes del Servicio Canario de Salud (SCS).

Según Hernández, la administración actual parece más centrada en los "equilibrios internos" de su propio partido que en una gestión efectiva, mientras expresó su frustración por la constante enfocación de la consejera en el Gobierno central, a pesar de que Canarias cuenta con recursos sin precedentes, aún en un contexto de prórrogas de los PGE.

El diputado del PSOE subrayó que, aunque Canarias muestra señales de crecimiento, las familias no ven reflejado este avance en su calidad de vida. Atribuyó esto a una "política fiscal regresiva", especialmente perjudicial para los sectores más vulnerables, por lo que llamó a los responsables a tener el "coraje político" necesario para apoyar a las familias en dificultad, recordando que “la pobreza no espera”.

Por su parte, Fernando Enseñat del PP hizo hincapié en que la falta de unos nuevos PGE representa un “hándicap e incertidumbre” tanto para la comunidad como para sus ciudadanos, acusando al presidente Sánchez de actuar con irresponsabilidad al dejar los presupuestos desfasados.

Enseñat instó a Asián a que para el 2026, los presupuestos se enfoquen en potenciar los servicios públicos y el gasto social, en continuidad con los mayores presupuestos históricos de 2024 y 2025. También reiteró la importancia de continuar reduciendo impuestos, a pesar de que el Gobierno regional se encuentra “limitado” por su negativa a flexibilizar la regla de gasto.

Finalmente, se refirió a que el plan de alivio fiscal ha disminuido en 250 millones en solo dos años y descartó la posibilidad de implementar una tasa por pernoctación, tal y como ha propuesto el PSOE, argumentando que dicho cargo afectaría directamente a los residentes, como ha ocurrido en comunidades como Cataluña y Baleares.