El ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como 'Tito Berni', ha sido acusado de solicitar la "legalización" de su granja a su sobrino, Taishet Fuentes Gutiérrez, mientras éste ocupaba el cargo de director general de Ganadería de Canarias. Esta información se desprende de los mensajes de WhatsApp intercambiados entre ambos desde mayo de 2020 hasta noviembre de 2022, los cuales forman parte de la investigación del caso conocido como 'Mediador' y a los que ha tenido acceso Europa Press.

El tema surgió en una conversación el 22 de febrero de 2021, cuando Fuentes Curbelo preguntó a su sobrino si el proceso de legalización de su granja seguía en marcha. Fuentes Gutiérrez le respondió que, aunque de momento sí estaba en curso, Pedro, un colaborador suyo, asumiría la responsabilidad y seguiría asesorando al respecto. En otra ocasión, el 13 de enero de 2022, Taishet le informó a su tío que entregaría en mano una "legalización" a un ganadero local.

La cuestión de la legalización de la granja vuelve a surgir en varias ocasiones, con Fuentes Curbelo reclamando que su granja sea legalizada ya que lleva esperando desde el año 2008. Su sobrino le asegura en uno de los mensajes que el proceso está en marcha y que las legalizaciones están saliendo rápidamente.

En los mensajes también se mencionan las ayudas al sector ganadero, con Fuentes Gutiérrez informando a su tío sobre convocatorias de subvenciones y transferencias de fondos. En varias ocasiones, Fuentes Curbelo le pide ayuda en relación con las ayudas y subvenciones.

Además de estos asuntos, los mensajes también reflejan la estrecha relación entre tío y sobrino, con intercambios sobre comidas y otros temas personales.

Estos mensajes forman parte de la investigación contra Fuentes Gutiérrez, quien junto a su sobrino, el general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa y el empresario Antonio Navarro Tacoronte, habría formado una trama para captar a empresarios locales prometiendo favores políticos a cambio de dinero, según la investigación judicial.

Según las autoridades judiciales, se trata de una organización criminal con una estructura jerárquica definida, dedicada a la corrupción y a delitos como el cohecho y el tráfico de influencias.