En un nuevo capítulo del conocido como 'caso Koldo', el empresario Víctor de Aldama, quien está siendo investigado por una serie de gravedad delitos que incluyen organización criminal, blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias, ha decidido ejercer su derecho a no declarar frente a la comisión de investigación en el Parlamento de Canarias. Esta comisión se centra en las irregularidades relacionadas con la adquisición de material sanitario durante la crisis provocada por la pandemia.

Durante su comparecencia, De Aldama, acompañado de su abogada, se limitó a confirmar que conoce al actual ministro de Política Territorial y ex presidente canario, Ángel Víctor Torres, mostrando una fotografía en la que ambos aparecen en la sede del Partido Socialista en Ferraz. Su intervención se redujo a escuchar las preguntas planteadas por los representantes de los siete grupos parlamentarios, sin aportar información adicional.

La empresa de De Aldama, Soluciones de Gestión, realizó transacciones con el Servicio Canario de Salud por un total de 12,3 millones de euros durante la pandemia, siendo esta cantidad generada por tres partidas de mascarillas. Algunos informes previos indican que De Aldama había declarado que se le solicitó una suma de 50.000 euros para ayudar a facilitar la venta a Torres, un hecho que el ministro ha negado categóricamente. Además, se han mencionado comisiones presuntamente vinculadas a las obras de reforma de los antiguos cines Royal, los cuales ahora albergan la sede de la Agencia Tributaria Canaria en Las Palmas de Gran Canaria.

Las reacciones tras la negativa de De Aldama a colaborar con la comisión han sido diversas. Nicasio Galván, portavoz de Vox, expresó su descontento, lamentando que su falta de respuesta obstaculiza la oportunidad de "levantar las alfombras" en Canarias. Por su parte, Fernando Enseñat, del Partido Popular, también reprochó el "silencio" del empresario, subrayando que su comparecencia podría aportar "mucha luz" sobre los presuntos delitos en cuestión.

El diputado José Alberto Díaz-Estébanez, representante del Grupo Nacionalista, reconoció la "expectativa" que genera la presencia de De Aldama en la esfera pública, aunque manifestó su decepción por su negativa a declarar, alegando que esta actitud incomoda su "estrategia mediática y jurídica". Su "silencio resulta muy revelador", afirmó.

Nira Fierro, presidenta del Grupo Socialista, criticó la actitud de De Aldama, afirmando que "habla en todos los lugares" excepto en el Parlamento, donde realmente se le puede exigir decir la verdad. Añadió que su silencio "le delata" y sugirió que su negativa a declarar podría deberse a que "sabe que estaría delinquiendo".

Fierro también le instó a presentar pruebas de lo que considera "calumnias", señalando que no ha aportado evidencia alguna. "Tenía la oportunidad de presentar hoy aquí todas las pruebas y no ha sido capaz porque no existen", enfatizó. En medio de estas tensiones, Fierro y De Aldama experimentaron un breve choque, cuando ella intentó recordarle su presunta implicación en un fraude de hidrocarburos, a lo que él reaccionó pidiéndole que se centrara en "lo que tiene que ir".