Seprona investiga a 136 personas por construcciones ilegales en Gran Canaria en la Operación Domos.
En Las Palmas de Gran Canaria, el Seprona ha puesto en marcha la 'Operación Domos', que tiene como objetivo investigar a 136 personas por presuntos delitos contra la ordenación del territorio. Esta operación se ha llevado a cabo debido a la proliferación de construcciones ilegales con diversos fines en suelos protegidos, principalmente en municipios como Telde.
La investigación comenzó a principios de 2023 al notar un aumento de construcciones en áreas donde está terminantemente prohibido. En la actualidad, los agentes de la Guardia Civil se encuentran en la fase de explotación de la operación, por lo que no pueden proporcionar detalles concretos que puedan perjudicar la investigación en curso, según informó Europa Press.
Uno de los nuevos métodos detectados para cometer este tipo de delitos consistía en la adquisición de fincas rústicas a un precio relativamente bajo, las cuales tenían restricciones en su uso debido a su protección medioambiental. Posteriormente, estas fincas eran segregadas y parceladas de forma precisa para luego ser vendidas a un precio mucho más elevado, con la falsa creencia de que las construcciones en ellas podrían ser legalizadas con el paso del tiempo por prescripción.
Los promotores incluso llegaban al extremo de proporcionar a los compradores servicios como la construcción de cerramientos exteriores, la colocación de portones de acceso a las subparcelas e incluso la gestión de la contratación de servicios de abastecimiento de agua potable, utilizando instaladores autorizados y falsificando documentación para obtener el suministro.
Por otra parte, los nuevos propietarios, sin tener ninguna licencia, procedían a la construcción de diversas edificaciones residenciales en las subparcelas que adquirían, la mayoría destinadas a segundas residencias. Esta situación generaba núcleos poblacionales sin los servicios básicos necesarios, lo cual complicaba la gestión de residuos y accesos, además de no contribuir con los impuestos municipales para el mantenimiento de dichos servicios, perjudicando a los propietarios legales de viviendas establecidas que podían ver afectada su calidad de vida.
En medio de esta investigación, se ha mencionado el nombre del exalcalde de Telde, Héctor Suárez, quien durante su mandato entre 2021 y 2023 ejerció como edil de Urbanismo y Aguas. Durante su gestión, se impulsó un proyecto para llevar agua de abasto público a casas fuera de ordenación, algunas de las cuales surgieron de reparcelaciones ilegales en suelo rústico en diversos diseminados del municipio, según reportó el periódico regional Canarias 7 y recogió Europa Press.