Qué hay detrás del "cambio de tendencia" en la vivienda en Canarias

El Gobierno de Canarias prevé cerrar 2026 con más de 7.000 viviendas construidas y aspira a superar las 10.000 en 2027. Así lo defendió el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, durante un encuentro informativo celebrado en Las Palmas de Gran Canaria. La cifra representa un salto frente a las cerca de 1.000 viviendas anuales que se construían tras la crisis financiera de 2008.

Para entender el alcance del anuncio conviene recordar el punto de partida. Antes de 2008, el archipiélago llegó a levantar unas 35.000 viviendas al año, un volumen que se desplomó durante la recesión. Esa caída dejó un stock insuficiente frente a una población en crecimiento, y el desajuste entre oferta y demanda es hoy uno de los principales problemas sociales de las islas.

El Ejecutivo regional sostiene que el cambio ya es visible. Según sus datos, la producción superó las 4.000 viviendas en 2024 y las 5.000 en 2025. Atribuye esa evolución, en parte, al decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por el propio Gobierno canario.

El modelo que propone combina dos vías. Por un lado, la vivienda pública, con unas 4.000 unidades anuales entre las ya construidas y las planificadas. Por otro, la promoción privada, a la que quiere atraer mediante incentivos. Rodríguez insiste en que esta segunda vía es la que puede llegar a las familias trabajadoras que no acceden a una vivienda protegida, y señala además la inseguridad jurídica derivada de la normativa estatal de arrendamientos urbanos como causa de que muchos propietarios hayan retirado pisos del mercado de alquiler.

El debate también afecta al sector turístico, motor económico del archipiélago. El consejero señaló que, en el sur de las islas, donde se concentra buena parte de la oferta hotelera, el precio de la vivienda dificulta que los trabajadores vivan cerca de sus puestos de trabajo. Propone que las empresas del sector se impliquen en la construcción de viviendas, aunque no detalló todavía los instrumentos concretos para hacerlo.

En paralelo, el Gobierno canario reclama al Estado la prórroga del tercer Convenio de Carreteras, firmado en 2018, para incorporar 1.000 millones de euros adicionales y alcanzar los 2.400 millones. Rodríguez argumenta que Canarias no cuenta con carreteras de interés estatal, por lo que el Ministerio no financia directamente infraestructuras viarias en las islas, y que la comunidad es la que más invierte en carreteras de todo el país. Como ejemplo cita la autovía de Fuerteventura, adjudicada recientemente por 215 millones de euros, que enlazará con el primer túnel de la isla.

La ambición de 10.000 viviendas anuales depende, en buena medida, de que el sector privado responda a los incentivos y de que se resuelvan los problemas jurídicos que frenan la oferta de alquiler. Queda por ver si el ritmo actual se sostiene y si las medidas anunciadas logran aliviar la presión sobre el acceso a la vivienda en las islas.