La directora general de Protección a la Infancia y las Familias del Gobierno de Canarias, Sandra Rodríguez, ha expresado su preocupación por el elevado porcentaje de migrantes que declaran ser menores de edad y luego se determina que son mayores. Según Rodríguez, la media de supuestos menores de edad que resultan ser mayores supera el 50%. Por esta razón, la Dirección General exige al Gobierno central que mejore las determinaciones de edad de las personas migrantes que llegan a las islas.

Según explica Rodríguez, la primera recepción de los migrantes que llegan al archipiélago la realiza el Gobierno central, que pone a disposición de Canarias aquellos que considera menores de edad. Estos menores están bajo competencia de la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, Rodríguez solicita más recursos y precisión para proteger a los menores y evitar que adultos se mezclen con ellos en los dispositivos de acogida.

En una reunión mantenida esta semana con el Ministerio de Inclusión, algunas comunidades autónomas denunciaron que en las derivaciones de adultos migrantes de Canarias a la Península se encontraron menores de edad evidentes. Amnistía Internacional también ha respaldado esta denuncia. Estos errores ya habían sido detectados anteriormente por el Gobierno canario. Además, se enfrentan al problema de personas migrantes mayores de edad que son declaradas como menores.

Ante esta realidad, la Dirección General ha llegado a un acuerdo con la Fiscalía para incrementar el número de fiscales, médicos forenses y número de pruebas óseas semanales que se realizan a los menores que están en centros de las islas. También se han creado dispositivos específicos de acogida para los menores más pequeños y para aquellos sobre los que no se tiene certeza de su edad.

El nuevo protocolo, aprobado hace unos días, contempla la incorporación de más medios materiales y humanos y prevé el aumento de las pruebas óseas que se realizan semanalmente. El objetivo es determinar con mayor agilidad la edad de los migrantes que se declaran menores, pero sobre los que existen dudas. Según Rodríguez, la colaboración entre la Dirección General y la Fiscalía es fundamental para abordar esta situación delicada y preservar siempre el interés del menor.

La Dirección General se siente respaldada por la Fiscalía, que ha mostrado su voluntad de atender esta realidad lo antes posible. Ya se han implementado equipos portátiles en Tenerife que permiten realizar pruebas óseas al momento de la llegada de los migrantes, bajo la supervisión de un médico forense. Este trabajo se desarrolla mientras los efectivos de la Policía Nacional atienden a los migrantes después del desembarco.