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Política 28 de Julio de 2026 · 10:39h 2 min de lectura

Las administraciones públicas licitan obras a precios insuficientes, dejando desiertas 322 licitaciones

Las administraciones públicas en Canarias han dejado sin ejecutar 322 obras entre 2025 y junio de 2026, por un valor total de 456,6 millones de euros. La causa principal es que los precios de licitación se consideran inasumibles para las empresas constructoras.

Este fenómeno se produce en un contexto de creciente tensión en el sector, marcado por el aumento de costes en materiales y mano de obra, que no se reflejan en las licitaciones públicas. La Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas denuncia que el sistema incentiva la escasez de licitadores, con un 36% de los concursos en los que solo participa una oferta.

Las implicaciones de esta situación son graves para la economía local y la calidad de los servicios públicos. La falta de competencia puede derivar en adjudicaciones a empresas públicas o en adjudicaciones a precios que superan los límites inicialmente establecidos, generando un círculo vicioso de ineficiencia y aumento de costes.

Desde una perspectiva política, esta problemática revela una gestión pública que no ha sabido adaptarse a las condiciones económicas actuales. La falta de revisión de precios y la rigidez en los procedimientos licitatorios están afectando la ejecución de obras esenciales para la infraestructura y el bienestar social.

El contexto político en Canarias, con una administración que busca equilibrar presupuestos y mantener control sobre el gasto, parece estar contribuyendo a que estas licitaciones se vuelvan inviables para muchas empresas. La necesidad de una regulación más flexible y una planificación que considere la realidad de los costes es cada vez más urgente.

De cara al futuro, la situación exige una respuesta coordinada entre las administraciones y el sector privado. La revisión de los sistemas de licitación y la actualización de los precios base podrían ser pasos necesarios para evitar que la inacción siga perjudicando la inversión pública y el desarrollo regional.

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