La reubicación de menores migrantes desde Canarias se retrasa por falta de plazas disponibles.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 de agosto. La directora de Protección a la Infancia del Gobierno canario, Sandra Rodríguez, ha comunicado en la jornada de hoy que la esperada segunda transferencia de menores migrantes no acompañados del archipiélago a la península no se llevará a cabo esta semana. Esta decisión se debe a dificultades logísticas y administrativas por parte del Estado en la creación de suficientes plazas para su alojamiento.
Rodríguez detalló a los medios que, durante la última reunión de la comisión interadministrativa, se mencionó que el Estado intentó establecer plazas el pasado viernes, pero fue imposible debido a que ese día era festivo, lo que impidió la autorización necesaria para abrir un nuevo centro de acogida.
En cuanto al progreso de las derivaciones, la funcionaria expresó su descontento al señalar que el plan original para esta semana no ha ido conforme a lo esperado. Solo se lograron mover a diez menores el lunes, y la proyección de enviar 15 más a finales de semana quedó sin efecto. El Estado enfrenta retos significativos, incluyendo la necesidad de crear 1.200 plazas adicionales.
Rodríguez afirmó que la reunión de hoy no produjo resultados positivos y que no hubo avance alguno respecto a las propuestas discutidas la semana anterior, cuando el Gobierno central prometió realizar dos derivaciones semanales. Sin embargo, las circunstancias administrativas han retrasado el proceso durante cinco meses.
Rodríguez subrayó que no es aceptable que la burocracia estatal esté provocando retrasos que afectan a una comunidad autónoma como Canarias, que ha incrementado el número de centros de acogida para menores de 39 a 85 en este año.
Desde el Gobierno de Canarias también se ha generado un llamado a establecer un protocolo claro para las transferencias de estos menores. Rodríguez expresó su firme creencia de que este tipo de documentos hubiera evitado los inconvenientes ocurridos en la primera derivación, que requirió una solicitud especial para que el traslado se realizara de manera adecuada.
Un problema identificado fue la falta de preparación para asegurar que los menores están debidamente acompañados por profesionales durante el trayecto, lo que generó demoras en el proceso de autorización desde la Dirección General.
Además de este protocolo, desde Canarias se demanda un cronograma de las futuras derivaciones, ya que, según la directora, hay una falta de transparencia y previsibilidad por parte del Estado, que ha ofrecido datos contradictorios en cuanto al número de menores que podrían ser trasladados semanalmente.
Aunque se ha comunicado que, si se avanza rápidamente, podría haber un incremento en las derivaciones, Rodríguez enfatizó que no existe un compromiso formal registrado al respecto.
En respuesta a las presiones recibidas, Rodríguez afirmó haber obtenido la promesa de un calendario para las derivaciones en agosto y la primera semana de septiembre, pero reconoció que esto no satisface las exigencias establecidas por el Tribunal Supremo.
Cabe destacar que el Gobierno central ha aceptado que las menores en situación de asilo sean atendidas directamente por los dispositivos del Gobierno canario, en lugar de ser enviadas a un centro de tránsito específico en Las Palmas.
Sin embargo, aún hay un número considerable de menores en el Canarias 50 que no han sido evaluados, a pesar de que sus expedientes ya están en manos de las autoridades canarias. Algunos de estos niños llevan casi un mes en el centro, cuya disposición inicial era de 15 días.
Por ende, desde Canarias se insiste en la urgente necesidad de que el Estado solucione la falta de plazas y proporcione respuestas claras sobre la ubicación y el tiempo de los futuros traslados de los menores con protección internacional.
Rodríguez reafirmó el compromiso del Gobierno canario para colaborar en la situación, considerando que son los responsables directos de la tutela de los menores, aunque esto no les impide expresar su descontento con la situación actual.
En otro orden de ideas, criticó que en la reunión se haya informando del estado de ocupación del sistema de atención a adultos, que se halla en un 86%, mientras que lo referido a Canarias llega al 750%, lo que a su juicio no es un comentario apropiado en el contexto actual.
Rodríguez también expresó que es inaceptable el tipo de respuestas que se recibieron durante la reunión, reafirmando que el Gobierno canario continuará exigiendo el cumplimiento de los autos del Tribunal Supremo y que la improvisación por parte del Estado es evidente.
Finalmente, la directora advirtió que si no se toman decisiones adecuadas antes del 1 de septiembre, se lo informará al Tribunal Supremo en su próximo informe, sugiriendo que podría ser necesario que este órgano ejerciera mayor presión sobre el Estado para cumplir con sus obligaciones.
En resumen, a pesar de que se han realizado 10 derivaciones de menores migrantes no acompañados, la situación se complica con la entrada de nuevos menores al sistema de protección, lo que evidencia la creciente presión que enfrenta Canarias en esta crisis humanitaria.