En un giro inesperado de los acontecimientos, el juez Ismael Moreno de la Audiencia Nacional ha convocado a comparecer a dos personajes clave en la investigación sobre la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, centrando la atención en la gestión del Gobierno de Ángel Víctor Torres en Canarias.

Las citaciones han sido programadas para los días 27 y 28 de noviembre, donde el exasesor del Ministerio de Transportes, Koldo García, y el empresario Víctor de Aldama tendrán que enfrentarse a las preguntas del magistrado. Esta acción se produce tras la recepción de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ha suscitado la petición de la Fiscalía para llevar a cabo estas declaraciones.

La declaración de De Aldama está fijada para el 27 de noviembre, mientras que Koldo García lo hará un día después. Ambos, que ya figuraron como investigados desde febrero de 2024, han comparecido previamente ante el juez, y esta vez deberán presentarse a las 10 de la mañana.

El fiscal Luis Pastor, tras examinar el informe de la UCO, ha solicitado estas citaciones, ya que el documento sugiere que los contratos de mascarillas en Canarias están vinculados a un pago recurrente de 10.000 euros en efectivo que De Aldama entregaba a García. Esta suma, según el informe, podría haber servido para asegurar favores y acceso a altos niveles del Gobierno.

El Ministerio Público destaca que este patrón de pagos, destinado a facilitar el acceso a ministros, siguió vigente, incluso después de que tanto García como José Luis Ábalos, ex ministro de Transportes, ya no formaran parte del gabinete desde julio de 2021. Las afirmaciones iniciales de De Aldama sobre compartir el dinero con Ábalos han planteado serias interrogantes sobre la ética de las transacciones realizadas.

Pastor subraya que estos pagos no se limitaban a servicios específicos, sino que más bien estaban destinados a asegurar la influencia de De Aldama en las decisiones administrativas, lo cual podría abarcar acciones relacionadas con la adquisición de material sanitario. Este entramado podría encajar en un delito de tráfico de influencias, donde ambos involucrados podrían ser considerados copartícipes.

Por otro lado, la UCO ha señalado que el entonces viceconsejero de la Presidencia de Canarias, Antonio Olivera, apoyó la compra de mascarillas a pesar de las preocupaciones sobre la calidad y el precio, desoyendo las advertencias de sus propios asesores sobre la viabilidad del contrato.

Los investigadores han rastreado las comunicaciones y han establecido que ya había un contacto entre Soluciones de Gestión y las autoridades canarias antes de la formalización de los contratos, sugiriendo un claro adelanto en las operaciones de suministro de mascarillas.

Las indagaciones revelan que Koldo García tuvo un papel central en estas negociaciones, planteando preguntas sobre la cantidad de material a ser adquirido y asegurando así su control sobre el proceso, lo que plantea serias dudas sobre la transparencia y la legalidad de las decisiones tomadas en el contexto de la emergencia sanitaria.