En un significativo pronunciamiento realizado en Santa Cruz de Tenerife, la presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, subrayó el rol vital que desempeña la Unión Europea (UE) para las islas desde la integración de España en la antigua Comunidad Económica Europea. Este encuentro, que marca la inauguración de las 'Jornadas Conecta Canarias-Europa', fue la plataforma elegida para enfatizar la necesidad de que las regiones europeas participen activamente en la distribución de recursos en el nuevo marco financiero entre 2028 y 2034.

Pérez argumentó que es esencial que este nuevo esquema financiero incluya y refuerce los fondos de cohesión, con el objetivo de asegurar un crecimiento que sea tanto justo como sostenible. En su discurso, hizo hincapié en que los tiempos actuales presentan desafíos monumentales, que van desde las tensiones geopolíticas hasta la rápida digitalización, y que el nuevo marco debe estar alineado con los valores de las distintas regiones para evitar una excesiva centralización del poder en Bruselas.

Durante su intervención, se hizo eco de un manifiesto anterior respaldado por la Conferencia de Presidentes de Parlamentos Regionales de Europa (Calre), que destaca la importancia de contar con una política de cohesión sólida para todas las regiones, particularmente en áreas estratégicas como la agricultura y la transición ecológica. A su juicio, una Europa que escucha y respeta la diversidad de sus territorios es el camino a seguir.

Asimismo, destacó el caso del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía (Posei), que consideró más que un simple fondo, señalando que es un recurso crucial que sostiene miles de empleos y ayuda a preservar el paisaje y las tradiciones canarias. Pérez alertó que la eliminación de este programa podría significar un devastador golpe a la soberanía alimentaria y al equilibrio ambiental de las islas.

La presidenta del Parlamento puso de relieve que el Posei no debería considerarse un gasto, sino una inversión en cohesión. Hizo hincapié en la necesidad de actualizar la asignación financiera, que permanece en 268 millones de euros desde 2007, a pesar de un incremento del 52% en los costos. En este contexto, instó a Europa a escucharlas y atender sus demandas de equidad.

Pérez también sostuvo que la diversidad dentro de la UE representa su mayor fortaleza y destacó la necesidad de asegurar el respeto por el estatus de ultraperiferia de Canarias. Este reconocimiento ha sido fundamental para el desarrollo del Régimen Económico y Fiscal (REF), así como de programas específicos que fomentan el crecimiento económico.

De acuerdo con la presidenta, el estatus ultraperiférico no es un privilegio, sino una cuestión de justicia territorial. Además, destacó la posición geoestratégica de Canarias como un puente entre tres continentes, proponiendo que se debe trabajar de manera más efectiva en el intercambio comercial, tecnológico y social, posicionando al archipiélago como un espacio de soluciones compartidas.

En relación a la inmigración irregular, Astrid Pérez abordó un asunto que considera "complejo y doloroso". Afirmó que en 2024 se registró un récord histórico con más de 46.000 llegadas de migrantes, lo que ha llevado al sistema de acogida de menores a una "saturación alarmante", con alrededor de 5.000 menores ya en fase de salida.

La presidenta se mostró optimista respecto a que el nuevo pacto de asilo podría marcar un "punto de inflexión", pero advirtió sobre la necesidad de un diálogo abierto entre los estados miembros de la UE. En este sentido, ejemplificó con un reciente fallo del Tribunal Supremo, que considera inaceptable la gestión de España en relación a los menores solicitantes de asilo.

Finalmente, Pérez afirmó que Canarias merece ser escuchada de forma independiente al centralismo del Estado. Propuso que la gobernanza del fenómeno migratorio incluya a las regiones fronterizas como interlocutores directos, ya que de no hacerlo, las respuestas a esta compleja situación serán, según su opinión, "insuficientes". A pesar de que Canarias se considera un "ejemplo de humanidad", Pérez advirtió que hay un riesgo real de que se vulneren derechos fundamentales en este contexto.