Las Palmas de Gran Canaria, 7 de noviembre. Los comités de trabajadores de los hoteles Costa Taurito, Valle Taurito y Paradise Lago Taurito, actualmente bajo la gestión de Mar Abierto S.L., que está en liquidación, han expresado su fuerte inquietud ante la reciente adjudicación provisional de estas instalaciones al Grupo Lopesan. Sostienen que esta decisión podría representar un daño económico de más de seis millones de euros.

A través de un comunicado, los comités informan que las ofertas en la subasta rondan los 85 millones de euros. Tras llevar a cabo un minucioso análisis de las propuestas recibidas, los representantes de los empleados afirmaron que, a pesar de que la oferta de Lopesan parece ser la más alta, en realidad es considerablemente menor en términos económicos y sociales que la presentada por el Grupo Martinón.

Los representantes de los trabajadores resaltan que la ligera diferencia de solo 1.000 euros a favor de Lopesan no refleja la magnitud del perjuicio real, que se estima en más de seis millones. Esta cifra se eleva al considerar los costos indirectos y las repercusiones laborales que conllevaría la propuesta de Lopesan.

El informe elaborado por estos comités también pone de manifiesto que la oferta de Lopesan no garantiza la conservación total de los puestos de trabajo, dejando al margen a 15 empleados directos y afectando a los trabajadores en situación de excedencia, así como a personal indirecto. Además, Lopesan se opone a la subrogación de contratos cruciales, como los de Lavandería Mogán y el arrendamiento del parque acuático Lago Taurito, acciones que podrían desencadenar despidos y afectar económicamente a proveedores locales.

Se estima que la opción de Lopesan podría provocar un impacto económico negativo de aproximadamente 6.125.447,31 euros, sin tener en cuenta los más de 7,9 millones de euros en reservas vinculadas al parque acuático. También se menciona la pérdida de derechos laborales adquiridos, que incluyen el acceso al comedor para el personal, así como criterios de conciliación y uso de aparcamientos que actualmente son parte de las condiciones laborales.

En contraste, el Grupo Martinón presenta una oferta que los comités consideran más favorable para el empleo y la estabilidad general. Su propuesta asegura la subrogación completa de los contratos laborales, respetando la antigüedad y los derechos de los trabajadores, al tiempo que garantiza la continuidad de la actividad productiva sin desestimar contratos esenciales ni poner en peligro los servicios turísticos.

Los comités también subrayan que la oferta de Martinón contribuiría a la preservación del empleo tanto directo como indirecto, reforzando la cohesión social y el tejido económico local. Además, se destaca el compromiso de respetar el interés público, evitando posibles indemnizaciones o costos adicionales para la masa concursal o el erario público.

A medida que avanza el proceso, los comités instan al administrador concursal y al Juzgado de lo Mercantil comprometido a llevar a cabo una valoración exhaustiva y objetiva de las implicaciones económicas, laborales y sociales de cada oferta. Solicitan la anulación de la adjudicación provisional y una priorización de la viabilidad de las unidades productivas, la continuidad del empleo y el interés general por encima de discrepancias económicas superficiales.

Los representantes sindicales advierten que no se debería priorizar una diferencia simbólica de tan solo 1.000 euros cuando están en juego millones de euros en pérdidas reales, así como cientos de empleos y la estabilidad de la economía local.

Por último, los comités de empresa lamentan no haber sido escuchados en sus observaciones, a pesar de lo que estipula la Ley Concursal respecto a la participación de las partes interesadas. Sin embargo, mantienen la esperanza de que sus alegaciones serán consideradas con la debida responsabilidad y que la adjudicación final tomará en cuenta el futuro y la estabilidad de las más de 300 familias que dependen de estos centros laborales.