El pasado 28 de enero, en un marco público de creciente debate sobre las alternativas al tabaco, el psiquiatra y especialista en tabaquismo Karl Fagerström ha expresado su apoyo a la posibilidad de comercializar bolsas de nicotina como una opción menos peligrosa para aquellos fumadores que buscan cambiar sus hábitos. En su declaración, Fagerström argumenta que, con una regulación apropiada y la información clara para los consumidores, la nicotina en su forma pura presenta menos riesgos que el tabaco convencional que se fuma.

En una entrevista concedida a Europa Press, Fagerström profundizó en los detalles de un nuevo Proyecto de Real Decreto, presentado por el Ministerio de Sanidad de España a la Comisión Europea, que busca regular diversos aspectos relacionados con los productos del tabaco y sus derivados. Este documento fue hecho público el día 27, dando lugar a un análisis sobre el futuro del consumo de nicotina en el país.

El especialista sostiene que la introducción de sobres de nicotina podría ser un mecanismo efectivo para inducir a los fumadores a cambiarse a un producto que es significativamente menos perjudicial que la combustión del tabaco. Para Fagerström, es fundamental que este cambio se realice con el respaldo de “la regulación adecuada y la información pertinente a los fumadores”.

Sin embargo, Fagerström ha manifestado que la reciente decisión del gobierno español de restringir la cantidad de nicotina en esos sobres a un límite de 0,99 mg es, en su opinión, ineficaz para propiciar el cambio deseado. En su análisis, plantea que niveles cercanos a 10 mg serían más apropiados para lograr este objetivo, ya que la cantidad permitida bajo la normativa española se encuentra muy por debajo del promedio de otros productos disponibles en el mercado.

El experto comparó la situación con Suecia, donde la fiscalidad aplicada a los productos de tabaco se basa en la nocividad del mismo. Según Fagerström, los productos que realmente podrían lograr un cambio significativo para los fumadores no deberían superar los 10 mg de nicotina.

En su análisis sobre la regulación existente, Fagerström también mencionó que el Ministerio de Sanidad español ha publicado en su página web un informe único sobre los sobres de nicotina, traducido de un estudio del Instituto Federal para la Valoración de Riesgos de Alemania, que establece 16,6 mg por bolsa como el límite superior aceptable, reconocida como una cifra comparable a la que se obtiene en sangre tras consumir cigarrillos.

El psiquiatra ha advertido sobre la posible atracción que estas bolsas de nicotina podrían ejercer sobre los jóvenes, similar al fenómeno que se observó con los cigarrillos electrónicos. Sin embargo, sugirió que esta moda inicial podría ver una disminución en su uso después de su primera fase de popularidad, un patrón que también ha sido notado con otros productos como los vapeadores.

Fagerström resaltó que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) considera que la oferta de bolsas de nicotina en el mercado representa un avance para la salud pública, especialmente tras la reciente autorización para 20 productos de la marca ZYN, lo que denota un cambio en el enfoque regulador hacia alternativas menos perjudiciales.

En referencia a posibles prohibiciones, el psiquiatra fue contundente al afirmar que la prohibición no es una solución viable. Argumentó que limitar productos como el tabaco y el alcohol únicamente favorecería la creación de un mercado negro, donde los consumidores tendrían acceso a productos de baja calidad y sin regulaciones adecuadas.

Acerca de la industria tabacalera, Fagerström admite que la disminución del consumo de cigarrillos les afecta negativamente, pero subraya que la salud pública debería ser la prioridad final. En ese sentido, recalca la importancia de cambiar los patrones de consumo hacia opciones más saludables.

Describió con preocupación la postura adoptada por la Comisión Europea en relación al snus, una forma de tabaco masticado popular en Suecia, señalando que no es lógico prohibir este producto mientras se permite la venta de cigarrillos, que deberían desaparecer gradualmente.

Al comparar el consumo de nicotina con otras sustancias, Fagerström aseguró que los riesgos asociados con la nicotina pura son considerablemente menores que aquellos derivados del uso de cigarrillos, lo que invita a considerar la nicotina como un producto menos perjudicial, similar a otros como el café o las bebidas energéticas.

El experto también alertó sobre las implicaciones indeseadas que podría acarrear la prohibición de alternativas disponibles, argumentando que el comercio electrónico facilitaría la compra informal y el Estado perdería ingresos fiscales.

El Proyecto de Real Decreto, además de regular las bolsas de nicotina, también propone cambios en la regulación de cigarrillos electrónicos, aunque ha eliminado las medidas relacionadas con el empaquetado genérico en esta última entrega a la Comisión Europea. Sin embargo, el Ministerio de Sanidad ha indicado que esta decisión es temporal y anticipan que regresarán a la discusión en el futuro.

Al consultar al Ministerio sobre el contenido del proyecto, se resaltó que, a pesar de la retirada del empaquetado genérico, se mantienen otros mecanismos reguladores relacionados con la comercialización y la limitación de componentes de productos del tabaco y derivados. Entre las modificaciones, el proyecto establece restricciones en la presencia de aromatizantes en productos de vaporización y define claramente diferentes categorías de productos en la legislación vigente.

El proyecto incluye un artículo único con un desglose de 16 apartados que estipulan los cambios propuestos. Estos aspectos innovadores buscan regular por primera vez diversas categorías de productos, incluyendo las novedosas bolsas de nicotina y hierbas para calentar, asegurando así una clara adaptación a las demandas del mercado actual.

En términos operativos, el documento prevé un período transitorio que permitirá a fabricantes y comerciantes adaptarse a las nuevas directrices, habilitando un tiempo de adecuación que oscila entre 10 y 12 meses. Esta fase es vital para garantizar que la transición hacia los nuevos estándares no comprometa la salud pública de los ciudadanos españoles.