El pasado 5 de septiembre, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, lanzó un contundente aviso sobre el alarmante aumento de las llegadas de migrantes por mar, un fenómeno que ha cobrado fuerza especialmente en las islas Canarias desde comienzos de este año. Durante su intervención, abogó por una mayor coordinación en las investigaciones relacionadas con la inmigración irregular, subrayando que estas situaciones poseen una complejidad añadida debido a su conexión con la delincuencia organizada a nivel internacional.

En el acto inaugural del año judicial, García Ortiz mencionó que la Unidad de Trata y Extranjería no solo se dedica a perseguir el tráfico ilícito, sino que también vela por los derechos de los migrantes en los centros de acogida y los lugares de internamiento, así como en las salas de inadmitidos de los aeropuertos. En este sentido, enfatizó la "especial relevancia" que revisten los casos de niños y niñas migrantes sin acompañante familiar, quienes, estigmatizados y vulnerables, necesitan atención y cuidado adecuados ante un entorno hostil.

“La forma en que respondamos como sociedad a los retos que enfrentan los migrantes, ya sean adultos o menores, será un reflejo de quiénes somos”, destacó García Ortiz, al tiempo que reafirmó que la dignidad humana y el interés superior del menor son valores que deben guiar cada acción en una sociedad democrática como la nuestra.

El fiscal general llegó a su discurso con la conciencia de que su intervención se produce en un contexto particular debido a su situación procesal actual. A pesar de este trasfondo, destacó su confianza en el sistema judicial y reafirmó que la Fiscalía no se deja amedrentar por las amenazas de quienes operan al margen de la ley. Su discurso fue recibido con división entre los asistentes, algunos de los cuales aplaudieron, mientras que otros, incluidos magistrados de tendencia progresista, optaron por el silencio, un comportamiento no habitual en estos eventos.

“Es un honor estar aquí, en este Salón de Plenos del Tribunal Supremo, para abrir un nuevo curso judicial”, manifestó García Ortiz. Sin embargo, no pasó por alto el hecho de que su presencia se vio cuestionada por ciertas asociaciones y miembros del Consejo General del Poder Judicial, quienes argumentaron que su asistencia no era conveniente en vista de las acusaciones que enfrenta en un caso relacionado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Responsablemente, García Ortiz expresó: “Respeto todas las opiniones al respecto y estoy aquí porque creo en la justicia y en un estado de derecho que respete la legalidad”. En su intervención, hizo un llamado a honrar y proteger la función de la Fiscalía y a valorar el trabajo de los fiscales, quienes son una pieza clave en la defensa del régimen jurídico del país.

Continuando con su alocución, el fiscal general presentó también la Memoria Anual de la Fiscalía correspondiente a 2024, revisando estadísticas que tienen gran relevancia en la comprensión del labor del Ministerio Público. Destacó, entre otros temas, la violencia de género y la atención a menores migrantes no acompañados, así como las iniciativas legislativas destinadas a modernizar el sistema judicial español.

García Ortiz hizo hincapié en que siempre habrá quienes se opongan a las reformas necesarias, argumentando que, para dichos individuos, nunca habrá un momento adecuado para el cambio. “La necesidad de un replanteamiento del sistema es apremiante”, advirtió, aludiendo a la expectativa de una reforma significativa en la Ley de Enjuiciamiento Criminal que transferiría el control de las investigaciones penales a los fiscales en lugar de a los juzgados de instrucción.

Defendiendo la importancia de la Fiscalía como institución, enfatizó que esta no es una simple extensión del poder estatal, sino una garantía para la ciudadanía en la protección del estado de derecho. “Nuestra eficacia se demuestra a diario en investigaciones complejas que finalmente son llevadas ante los tribunales”, añadió, asegurando que, si se promulga la reforma, la Fiscalía actuará con el respaldo del control judicial correspondiente.

Asimismo, García Ortiz resaltó el trabajo en la lucha contra la corrupción y la creación de nuevas Unidades Especializadas que buscan fortalecer la respuesta institucional a estos delitos. Explicó que la entrelazada relación entre la corrupción y la delincuencia organizada se traduce en un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones públicas.

En conclusión, García Ortiz subrayó la importancia de abordar conjuntamente estos desafíos para restaurar la confianza y el respeto en el marco jurídico, reafirmando que el compromiso de la Fiscalía con la ley y el orden es firme e inquebrantable.