El Tribunal Supremo ha determinado una medida cautelar solicitada por el Gobierno de Canarias, urgida por la alarmante situación de hacinamiento que enfrentan cerca de mil menores migrantes no acompañados en las islas. Al Ejecutivo de Pedro Sánchez se le ha dado un plazo de diez días para asegurar que estos menores, quienes han solicitado asilo o han manifestado su decisión de hacerlo, accedan al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional, calificado como "insostenible".

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha enfatizado que esta acción es "imprescindible" para abordar el hacinamiento evidente en el que se encuentran estos jóvenes, destacando que es "abiertamente incompatible con el interés superior del menor que se debe proteger". Este argumento resalta la urgencia de una intervención estatal adecuada para estos solicitantes de asilo.

Actualmente, estos menores están bajo el exclusivo cuidado del sistema de protección de menores de la comunidad autónoma, y no se han puesto a su disposición recursos o programas que son derechos inherentes de los solicitantes de asilo a nivel estatal. Los magistrados subrayan que es crítico que estos menores no sean excluidos del sistema estatal de acogida, afirmando que la medida cautelar es esencial para su bienestar.

La resolución, presentada por la magistrada Ángeles Huet, resalta la necesidad de una colaboración efectiva entre el gobierno estatal y el autonómico para asegurar que el cumplimiento de estas competencias se alinee con el interés superior del menor. Se espera que, al finalizar el plazo de diez días, se informe sobre las acciones emprendidas y que se considere la celebración de una vista pública sobre el cumplimiento de esta medida.

El conflicto legal tiene sus raíces en el recurso presentado por Canarias en enero, tras la desestimación de un requerimiento previamente formulado al Gobierno central. Este requerimiento buscaba permitir el acceso de menores al sistema de acogida, cumpliendo así con las obligaciones del Estado en materia de asilo y protección internacional. El gobierno regional identificó a 871 menores que ya habían solicitado asilo y señaló que otros 350 estaban en espera de cita, lo que incrementaría la cifra total a 1.221, todos bajo la protección autonómica debido a la falta de acción federal.

Los funcionarios de Canarias denunciaron que, en la provincia de Las Palmas de Gran Canaria, la falta de un proceso directo para la solicitud de protección internacional representa un obstáculo adicional injustificado, resultando en demoras que pueden durar hasta un año. Esta situación pone de manifiesto las carencias del sistema estatal en cumplir con sus responsabilidades legales en materia de protección internacional.

Desde la perspectiva del Gobierno canario, la falta de acción del Estado trae consigo varias implicaciones negativas: la vulneración de los derechos de los menores acogidos, un impacto financiero significativo en los presupuestos regionales y, lo más preocupante, un incumplimiento del deber constitucional de asegurar solidaridad territorial, lo que se traduce en un abandono hacia Canarias.

Por otro lado, la Abogacía del Estado se opone a las alegaciones del Gobierno canario, argumentando que este último no tiene derecho a exigir una prestación específica, ya que la obligación recae sobre los menores migrantes. Además, sostiene que la Administración estatal solo debe reforzar el sistema de acogida y que las competencias cursan principalmente a nivel autonómico, desechando la responsabilidad estatal como absoluta.

El Tribunal Supremo ha subrayado, en sus consideraciones provisionales, que ambas administraciones, la estatal y la autonómica, tienen competencias compartidas en la atención a estos menores solicitantes de protección internacional. Mientras que el sistema de protección autonómico asume un rol fundamental, el hecho de haber solicitado asilo implica una responsabilidad compartida por parte del Estado.

Finalmente, los magistrados han expresado su preocupación por la ineficacia actual del sistema estatal de acogida y han recordado que este sistema es responsable de garantizar a los solicitantes de asilo servicios sociales que satisfagan sus necesidades básicas de manera digna, lo que no ha estado ocurriendo hasta ahora.