La Cámara de Representantes considera justo que se asuman responsabilidades por los fracasos en la gestión de los contratos durante la pandemia, subrayando que resulta poco creíble atribuir a Ana María Pérez el control total de las decisiones de compra.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 de septiembre.

En el marco de la investigación llevada a cabo por el Parlamento de Canarias, se señala políticamente al expresidente regional, Ángel Víctor Torres, así como a sus exconsejeros de Sanidad, Julio Pérez y Blas Trujillo, en relación a los contratos que se formalizaron debido a la crisis del covid-19, los cuales totalizan casi 100 millones de euros.

El informe preliminar de la comisión, revelado por 'El Día', sostiene que si los miembros del Gobierno se han congratulado por los resultados positivos alcanzados durante la pandemia atribuyéndolos a su gestión, deben asumir igualmente la responsabilidad de los problemas que surgieron.

Los integrantes de la comisión basan sus argumentos en un estudio del catedrático en Derecho Constitucional Joaquín García Morillo, quien indica que aunque un subordinado pueda incurrir en un delito, su superior puede ser considerado políticamente responsable de las decisiones tomadas.

El documento también aclara que, en un sistema parlamentario, la responsabilidad política recae en los miembros del Gobierno.

El informe menciona las declaraciones de la exconsejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, quien enfatizó la responsabilidad que conlleva un cargo gubernamental, afirmando que si una persona en una posición de poder falla, todos deben asumir la consecuencia.

Asimismo, la comisión destaca que Torres y Trujillo deben responder por haber nombrado a Conrado Domínguez en el SCS, quien contaba con amplios poderes en asuntos de contratación, apuntando que su destitución no exime a los exmandatarios de sus responsabilidades políticas.

Con respecto a Julio Pérez, que asumió el cargo de consejero de Sanidad de forma interina tras la salida de Cruz Oval, se le critica por haber permitido que Domínguez trabajara desde el SCS antes de su nombramiento oficial como director.

Sobre la exdirectora de Recursos Económicos, Ana María Pérez, el informe pone en duda que haya tomado decisiones de contratación por un total de cerca de 100 millones de euros sin la debida aprobación o conocimiento de sus superiores.

Los miembros de la comisión también señalan la confusión existente en torno a la existencia de múltiples comités y, aunque reconocen el difícil contexto de las contrataciones internacionales, insisten en que esto no puede justificar la falta de responsabilidad por parte de quienes debían asegurar la correcta gestión de los recursos públicos.

Se cuestionan además las disparidades en los precios de las compras de material sanitario, que variaron en más de siete euros entre proveedores, y se centra especialmente en el contrato con RR7 United, una firma relacionada con el sector automotriz, que recibió cuatro millones de euros por un millón de mascarillas que nunca fueron entregadas.

El informe concluye que la gestión fue imprudente y carente de las garantías administrativas necesarias, generando un impacto negativo tanto en las finanzas públicas de Canarias como en la salud pública al no recibir el material adquirido.

Se destaca que, a pesar de que se alegue la urgencia como justificación para omitir controles, la falta de mecanismos de verificación y la autorización de pagos indebidos muestran una alarmante negligencia por parte de Ana María Pérez y una falta de supervisión adecuada por parte de sus superiores.

Mirando hacia el futuro, la comisión propone ajustes en el artículo 120 de la ley de contratos públicos para fortalecer los mecanismos de control en situaciones de emergencia, la creación de unidades de crisis, un registro de empresas a prevenir y una plataforma de monitoreo de contratos en tiempo real.