El Gobierno central y el autonómico de Canarias se han visto envueltos en un conflicto legal relacionado con los presupuestos presentados para el año 2025, específicamente en dos áreas clave: la financiación de los puertos deportivos y el funcionamiento del Servicio Canario de Salud.

En una declaración hecha este martes tras la reunión del Consejo de Ministros, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció que el Ejecutivo ha decidido llevar ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de inconstitucionalidad en respuesta a estas discrepancias con el Gobierno de Canarias, actualmente liderado por Fernando Clavijo.

Torres explicó que el Gobierno tiene serias objeciones a la disposición final cuarta de los presupuestos canarios, que permitiría al gerente del Servicio General de la Salud recibir ingresos adicionales del sector privado, ya sea a través de un empleo formal o como trabajador autónomo. Según el ministro, esta medida contraviene la legislación de presupuestos del 2023 y va en contra de los fundamentos del Estado.

Asimismo, el ministro destacó que el Ejecutivo ha buscado asesoramiento legal del Consejo de Estado para fundamentar su crítica y justificar la acción ante el TC, elucidando que este es uno de los puntos donde los diálogos con el Gobierno canario han sido infructuosos.

Adicionalmente, el rechazo se extiende a la disposición final octava en la que se estipula que los fondos destinados a puertos deportivos no deberán ser inferiores al 20%. Torres argumentó que la normativa nacional exige que dicho porcentaje sobrepase el 50%, resaltando así una discrepancia importante en el enfoque del gasto público entre ambos gobiernos.

El ministro añadió que, a diferencia de lo que establece la legislación estatal, que requiere que las inversiones se realicen en un plazo de seis meses, los presupuestos de Canarias proponen un marco temporal de entre cuatro a seis años. Esta diferencia en los plazos establece un nuevo terreno de discusión entre ambos niveles de gobierno.

Finalmente, Torres concluyó que el Tribunal Constitucional será la entidad responsable de resolver estas diferencias, basándose en los informes y argumentos presentados, confirmando previamente que ya se había anticipado la presentación de este recurso a mediados de septiembre.