El Gobierno de Canarias se mantiene firme en la negativa a bajar el IGIC del 7% al 5%
La consejera de Hacienda, Matilde Asián, ha reiterado la postura del Ejecutivo canario de no reducir el IGIC del 7% al 5%. La razón principal es que una bajada afectaría la financiación de servicios públicos, cabildos y ayuntamientos. La decisión se basa en la necesidad de mantener la estabilidad fiscal y garantizar prestaciones sociales.
Este rechazo se enmarca en un contexto de incertidumbre económica. La inflación en las Islas ha incrementado los ingresos tributarios, pero también los gastos públicos. La situación económica, marcada por el encarecimiento de carburantes y bienes básicos, complica una reducción de impuestos sin afectar la calidad de los servicios públicos.
El debate refleja las tensiones entre la necesidad de aliviar la carga fiscal de los contribuyentes y la responsabilidad de mantener la solvencia del sistema público. La postura del Gobierno busca evitar recortes en prestaciones sociales y servicios esenciales, que podrían verse perjudicados con una bajada del IGIC.
Desde la oposición, Vox ha reclamado en varias ocasiones una reducción del impuesto para aliviar la presión económica sobre las familias. La formación argumenta que la reciente recaudación récord, impulsada por la inflación, permite explorar esa vía sin comprometer el gasto social. La propuesta aún no se ha concretado en medidas concretas.
El trasfondo político refleja también los equilibrios internos de las formaciones que sustentan el Ejecutivo regional. La decisión de mantener el IGIC en su nivel actual responde a la necesidad de priorizar la estabilidad fiscal y la protección del gasto social, en un escenario de creciente incertidumbre económica. La tramitación de los presupuestos para 2027 será clave para definir futuras políticas fiscales en Canarias.
De cara al futuro, la economía canaria continuará enfrentando retos derivados de la inflación y la recuperación post-pandemia. La discusión sobre la fiscalidad será un elemento central en el debate político, con posibles cambios en la estrategia fiscal si la situación económica lo permite.