MADRID, 10 de abril. El Congreso de los Diputados ha dado luz verde en el día de hoy a un nuevo real decreto-ley destinado a la distribución de menores migrantes no acompañados. Esta decisión ha sido respaldada por 179 votos a favor, procedentes de PSOE y sus aliados, mientras que 170 votos en contra han sido emitidos por PP y Vox, con una sola abstención de UPN.

Durante el debate, los representantes del PSOE y sus socios han apelado a la necesidad de apoyo de los otros grupos parlamentarios para este real decreto-ley que presenta medidas urgentes a favor del interés superior de la niñez y la adolescencia en el contexto de situaciones extraordinarias de migración. Este decreto, que surge de un acuerdo con Junts, modifica el artículo 35 de la Ley de Extranjería y especifica cómo se debe realizar la distribución de estos menores entre las diferentes comunidades autónomas.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha instado a los miembros del PP en el Congreso a que ofrezcan una “respuesta de Estado” a la realidad migratoria y ha requerido su apoyo para la distribución de estos menores. Torres ha exhortado al PP a actuar con responsabilidad y se ha preguntado cuál sería la alternativa si se decidiera detener este decreto-ley, especialmente en la atención a las comunidades ubicadas en la frontera.

La actual votación del real decreto-ley se produce tras el rechazo en julio pasado de una iniciativa legislativa anterior presentada por PSOE, Sumar y CC para abordar la misma problemática. En esa ocasión, la propuesta fue desestimada por PP, Vox y Junts. Desde entonces, el Gobierno ha llevado a cabo conversaciones con varios grupos parlamentarios para encontrar una solución a las problemáticas de sobreapertura en regiones como Canarias. Torres ha defendido que la propuesta vigente es “más efectiva y completa” que la discutida en 2024.

Lux Andre Diouf, del PSOE, ha señalado que los menores migrantes no acompañados se han convertido en el foco de “odio y xenofobia” en los últimos años. Diouf ha criticado a Vox, afirmando que sus alarmas sobre una crisis migratoria no reflejan la verdadera situación.

Asimismo, el PSOE han enfatizado la importancia de la cooperación y la solidaridad en la gestión de la acogida de estos menores y ha instado al PP a no doblegarse ante discursos racistas, volviendo al principio de igualdad y justicia que debería caracterizar a un partido de Estado.

Por su parte, Ana Alós, representante del PP, ha calificado el nuevo enfoque como “una chapuza” que no aborda las causas subyacentes del problema, limitándose a repartir la carga sin un control claro de fronteras ni esfuerzos eficaces para el retorno de migrantes. Alós ha argumentado que la responsabilidad de atender a los menores debería haber sido asumida por el Gobierno desde el principio.

La portavoz de Vox, Pepa Millán, ha expresado su oposición total a esta medida, acusándola de ser un paso más hacia un “efecto llamada” y ha criticado el discurso del ministro como “hipócrita y emotivo”. Millán ha instado al PP a no contribuir a implementar las políticas de inmigración del PSOE en las regiones bajo su gobierno, afirmando que esto no benefica a los españoles.

Vicenç Vidal de Sumar ha contestado a las críticas de Vox, defendiendo que los menores migrantes en cuestión tienen derechos y ha señalado la deshumanización que se deriva de utilizar términos como MENA (Menores Extranjeros No Acompañados), que según él son utilizados para estigmatizar a estos niños. Además, ha catalogado al PP como “un partido racista” por firmar acuerdos desfavorables.

Noemí Santana de Podemos ha criticado la incoherencia del PP en su tratamiento de las políticas migratorias y ha enfatizado que se deben ver a los menores como personas con derechos y no como simples números. En su opinión, hay que abordar el problema humanamente y no desde una perspectiva puramente administrativa.

Desde Junts, Josep Maria Cervera ha celebrado el acuerdo con el Gobierno destacando la necesidad de un enfoque solidario y un cambio en el ineficaz sistema anterior de distribución. Por su parte, Jordi Salvador de ERC ha valorado el reconocimiento de la “excepcionalidad” de Catalunya en este contexto y ha instado a que los recursos se destinen a quienes verdaderamente están acogiendo a menores.

Finalmente, en un tono de crítica hacia la falta de acción del Gobierno en materia migratoria, Alberto Catalán de UPN ha subrayado que corresponde al Ejecutivo central asumir la responsabilidad de la situación actual, además de cuestionar la efectividad de las políticas de la Unión Europea. Se ha mostrado escéptico respecto a la confianza en el Gobierno, dadas las evidencias de falta de acción.