La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dado la razón al Cabildo de Tenerife en una demanda en la que se reclamaba la devolución de más de 5 millones de euros abonados de manera innecesaria en concepto de productos bancarios --swaps-- contratados por anteriores gobiernos insulares que resultaron ineficientes y ocasionaron un perjuicio económico a las arcas públicas de la isla.

El gobierno insular (CC-PSOE) contrató en 2011 estos productos 'swaps' con entidades bancarias para financiar amortizaciones de endeudamiento, operaciones que resultaron perjudiciales para las arcas públicas del Cabildo ya que se siguieron realizando pagos una vez finalizado el abono de los préstamos. A pesar de que existían sentencias del Tribunal Supremo en 2016 invalidando dichos pagos, los anteriores responsables políticos no reclamaron nunca la devolución del dinero público a los bancos.

El mandato actual del Cabildo de Tenerife ha actuado para reclamar judicialmente la devolución del dinero público, estando a punto de caducar el procedimiento, ya que anteriormente no se había realizado ninguna actuación para recuperarlo.

La corporación insular ha resaltado el trabajo realizado por el jurista tinerfeño José Luis Sánchez-Parodi, fallecido recientemente, cuya gestión ha permitido que la corporación insular recupere fondos públicos en dos ocasiones.

La anterior sentencia, de fecha 8 de marzo de 2022, estableció que se debía abonar al Cabildo de Tenerife la cantidad de 791.710,52 euros, que se suman a los de la actual resolución judicial, de más de 5,2 millones de euros, más los intereses.

El presidente insular, Pedro Martín, indica que les "sorprendió" que la corporación anterior no exigiera a los bancos la devolución de un dinero "que se ha demostrado que se cobró indebidamente".