
En un importante operativo llevado a cabo en Santa Cruz de Tenerife, la Policía Nacional ha desmantelado una red criminal aparentemente dedicada a la trata de personas con fines de explotación sexual. Esta organización operaba en el sur de la isla y, hasta el momento, se han identificado a 36 mujeres que estaban siendo explotadas, de las cuales ocho han logrado ser liberadas.
La investigación se inició en 2024, tras la declaración de una de las víctimas, quien proporcionó información clave sobre la existencia de un grupo que traficaba con mujeres colombianas hacia España. Las víctimas eran llevadas a pisos de prostitución localizados en la zona sur de Tenerife, donde sufrían condiciones inhumanas de explotación sexual, según los informes de la Policía Nacional.
Las autoridades han determinado que la organización criminal estaba liderada por un clan familiar de cinco venezolanos. Este grupo se especializaba en captar a mujeres jóvenes, con edades entre 18 y 25 años, prometiéndoles falsos sueños de prosperidad económica a través de actividades de prostitución en España, que poco tenían que ver con la dura realidad que les esperaba.
Una vez que las mujeres aceptaban las condiciones, el clan se encargaba de todos los aspectos logísticos del viaje, incluyendo la compra de pasajes de avión desde Colombia a Tenerife, donde hacían escala en Madrid. Para facilitar su entrada en el país, se les daba un aseguramiento de viaje y una reserva hotelera ficticia, además de prepararlas para pasar desapercibidas en los controles de inmigración.
Al llegar a Tenerife, los miembros de la organización recibían a las víctimas en el aeropuerto, confiscando el dinero en efectivo que les había sido enviado previamente. Desde allí, eran trasladadas directamente a los pisos de prostitución, donde iniciarían un proceso de explotación que les obligaba a trabajar hasta saldar supuestas deudas que normalmente se inflaban absurdamente.
Las condiciones de vida y trabajo eran extremas, ya que las víctimas debían estar disponibles en todo momento, con apenas dos horas de descanso al día. Esta rutina era interrumpida constantemente por la llegada de clientes, quienes, además, tenían el poder de seleccionar a las mujeres para sus servicios, independientemente de su estado de salud o bienestar.
Las jóvenes vivían en espacios compartidos y eran forzadas a realizar actos sexuales, aun cuando sufrían de enfermedades, siendo expuestas a situaciones de riesgo extremo sin ninguna consideración por su salud. Esto se complementaba con un sistema de control riguroso que incluía vigilancia por cámaras en los mismos pisos donde eran mantenidas en condiciones deplorables.
El grupo también se dedicaba a la venta de drogas y estupefacientes, así como a la distribución de bebidas alcohólicas y fármacos que aumentaban la libido, bajo la excusa de mantener a las mujeres en condiciones óptimas para satisfacer a los clientes.
El escabroso entramado no solo se limitaba a la explotación de las mujeres y la venta de drogas, sino que también estaba involucrado en actividades ilícitas como el blanqueo de capitales y el fraude. El incremento de su patrimonio se reflejaba en propiedades tanto en España como en Venezuela, acumulando riqueza mediante compras de bienes que no se correspondían con sus actividades legales.
La operación policial culminó con la detención de nueve individuos en Tenerife, con cinco de ellos enfrentando prisión por sus roles directivos en el clan. Las autoridades realizaron varios registros, cerrando dos pisos de prostitución y confiscando más de 100,000 euros en efectivo, vehículos, equipos electrónicos y sustancias prohibidas.
Además, un paso crucial en la investigación fue el bloqueo de 19 cuentas bancarias utilizadas para la transferencia de ganancias ilícitas. La Policía Nacional ha instado a la ciudadanía a colaborar mediante su línea de atención y correo electrónico, asegurando que cualquier denuncia se mantendrá confidencial y anónima.
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