Un empresario del sector del ocio nocturno ha sido identificado como el líder de una organización delictiva que utilizaba sofisticados barcos nodriza para el transporte de drogas desde Sudamérica y África hacia Canarias. Este operativo, conocido como 'Silbo', ha resultado en la detención de 34 individuos, de los cuales 18 ya están en prisión, tras realizar cerca de 40 registros en diferentes puntos del territorio español.

La colaboración entre la Agencia Tributaria y la Guardia Civil ha sido fundamental en esta operación, que se inició hace más de dos años y que se intensificó recientemente con intervenciones en Santa Cruz de Tenerife. La investigación ha contado con el apoyo de la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense, así como con la Policía Judicial de Cabo Verde, bajo la supervisión de Europol.

Actuaciones operativas se llevaron a cabo no solo en las islas canarias, como Tenerife, La Gomera y Gran Canaria, sino también en importantes ciudades de la península como Madrid, Barcelona y Málaga, según informaciones de la Guardia Civil.

El punto de partida de esta investigación fue un empresario de 42 años en Tenerife, conocido por su vinculación con el ocio nocturno, la restauración y la construcción, además de tener empresas en el extranjero. Los investigadores han constatado que este individuo había establecido una compleja red criminal que facilitaba grandes envíos de estupefacientes tanto a nivel regional como internacional.

Este empresario no solo gestionaba su negocio, sino que también estaba directamente involucrado en la negociación para la entrega de cocaína a través de embarcaciones que la traían de Sudamérica hacia las costas canarias. En este contexto, se realizaron importantes incautaciones de droga, destacando una remesa de 500 kilos de cocaína en enero de 2024 y otra de 1.600 kilos en noviembre del mismo año.

La segunda entrega involucró un barco pesquero desde Guinea Bissau, en colaboración con un socio ubicado en Galicia, que planificaba abastecerse de cocaína a través de la conocida 'ruta africana de la cocaína'. Además, se detectó que utilizaban infraestructura tanto marítima como terrestre a lo largo del archipiélago canario para recibir hachís proveniente de Marruecos, que luego era enviado al Reino Unido.

Las pesquisas también revelaron la existencia de múltiples reuniones con individuos británicos en la Costa del Sol, quienes estaban relacionados con el narcotráfico. El análisis económico paralelo ha permitido establecer que el líder de la organización había creado un entramado empresarial destinado al blanqueo de capital, invirtiendo en diversos sectores como la restauración y el inmobiliario, usando otras empresas de su confianza para ocultar las ganancias de su actividad delictiva.

También se descubrió su asociación con compañías pesqueras y una empresa de alquiler de vehículos, que utilizaba para blanquear el dinero obtenido del tráfico de drogas, así como para facilitar la distribución de los estupefacientes mediante su flota de vehículos. Por ejemplo, en abril se confiscaron 66 kilos de cocaína ocultos en un vehículo de su empresa, utilizando un sistema hidráulico sofisticado, que había sido sustraído a otro grupo criminal mediante la retención de un miembro.

El grupo delictivo recurría a individuos con formación militar para llevar a cabo acciones violentas, incluyendo la ocupación de terrenos en Candelaria, Tenerife. Durante la investigación, se identificó que estaban planeando adquirir armas de fuego ilegales en la Península, mientras instruían a nuevos miembros del grupo en tácticas militares.

Finalmente, la operación llevó a la desarticulación de un laboratorio de procesamiento de cocaína en una finca de El Escobonal, donde se encontraron sustancias químicas peligrosas y equipos para el procesamiento de drogas. Esta investigación, bajo la dirección del Juzgado de Instrucción Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, ha culminado con la incautación de 2.185 kilos de cocaína, armas de fuego modificadas, más de 600.000 euros en efectivo, 16 vehículos y cinco embarcaciones, además de la inmovilización de bienes por valor superior a dos millones de euros.