En una reciente declaración efectuada el 8 de abril en Santa Cruz de Tenerife, el vicepresidente y consejero de Economía del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha manifestado la intención de su administración de solicitar al Gobierno de España una compensación económica por los costos incurridos durante la atención de 1.008 menores migrantes solicitantes de asilo. Domínguez califica estos gastos como "injustos e innecesarios", haciendo eco de la reciente decisión del Tribunal Supremo.

Durante la sesión de control en el Parlamento, en respuesta a un cuestionamiento del grupo socialista, el vicepresidente ha criticado al Gobierno central por su falta de acción en la tutela de estos menores, sugiriendo que su inacción ha causado sufrimiento al archipiélago. Además, mencionó que el Ejecutivo español llegó a recurrir la sentencia, aunque posteriormente la retiró bajo la presión ejercida desde las islas.

Domínguez ha resaltado que el Gobierno de Canarias es la administración que ha priorizado los derechos de los menores, destacando que su esfuerzo ha superado al de las instituciones centrales de España y la Unión Europea.

La presidenta del Grupo Socialista, Nira Fierro, interpeló a Domínguez sobre la postura que adoptarán los seis diputados del Partido Popular en la votación de un decreto ley referente a la reforma de la ley de extranjería. A modo de burla, Fierro sugirió que los ciudadanos canarios podrían agradecer más a los siete diputados de Junts que a los populares por su actuación en este asunto.

Fierro también censuró al vicepresidente por aferrarse a la sentencia del Supremo, argumentando que lo que se discute en el Congreso es una respuesta integral a la situación, y no específicamente relacionada con los solicitantes de asilo. Insistió en que los populares deben votar a favor, advirtiendo que una negativa significaría una falta de compromiso real de Domínguez con Canarias.

Calificó al vicepresidente como el "mejor soldado" del PP, sugiriendo que prioriza los intereses del partido por encima de los de la comunidad canaria. Afirmó que varios de sus compañeros de partido, como Carlos Mazón e Isabel Díaz Ayuso, han perjudicado a las islas al rehusar acoger a nuevos menores migrantes y al presentar recursos ante el Tribunal Constitucional en contra de Canarias.