SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 de septiembre.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha expresado este martes la firme oposición de su administración a la condonación de la deuda de las comunidades autónomas, anunciando que emprenderá una "lucha" tanto legal como política para impedir que esta medida se lleve a cabo.

Clavijo enfatizó: "No podemos defender ni apoyar esta iniciativa como Gobierno de Canarias", después de mantener un encuentro con los grupos parlamentarios para sumar respaldos en favor de una "estrategia" que modifique los criterios de distribución de los recursos.

El presidente destacó que cualquier condonación de deuda debe aplicarse de manera equitativa a todos los ciudadanos españoles, argumentando que el criterio de población ajustada debe prevalecer para asegurar que todos los territorios estén en igualdad de condiciones.

"No somos más ni menos que otros, y de lo contrario, los canarios terminaríamos asumiendo la deuda de Cataluña", comentó, subrayando que su gobierno no se convertirá en "cómplice" de acciones que pongan en peligro el futuro de los residentes del archipiélago y que compliquen aún más la ya delicada situación social en la región.

A pesar de su oposición, Clavijo se mostró cauteloso a la espera del texto final del acuerdo que será aprobado por el Consejo de Ministros. Sin embargo, indicó que Canarias se encuentra en una posición favorable al contar con el respaldo de una "amplia mayoría" en el Parlamento de la comunidad para buscar un modelo distinto de condonación de deuda.

El presidente subrayó que Canarias es la "única" comunidad autónoma que ha logrado reducir su deuda en los últimos años, a diferencia de Cataluña, donde la deuda ha aumentado en 17.000 millones de euros durante la última década. "Curiosamente, es precisamente de esta comunidad de donde se pretende condonar la deuda", añadió.

Clavijo argumentó que Canarias saldría perjudicada del acuerdo de condonación, resaltando que los ciudadanos de las islas tendrían que "pagar una fiesta" a la que no han sido invitados, dado que los gobiernos autonómicos precedentes han sido "estrictos" en la gestión de las finanzas públicas.

"Nos gustaría contar con más recursos para mejorar nuestro estado del bienestar, así como para la sanidad, la educación y otros servicios sociales, pero hemos sido responsables en la gestión de nuestras cuentas", afirmó.

El presidente también mencionó que la condonación de deuda no es más que un "eufemismo", señalando que lo que realmente ocurre es que la carga se transfiere a todos los españoles, mientras que se imponen "criterios discriminatorios", ya que a Canarias solo se le condona la mitad de la deuda, dejando un total de 1.700 millones fuera del acuerdo.

Asimismo, advirtió que se descontará el superávit, lo que generará un "doble perjuicio" para la comunidad.

Clavijo expresó su "profunda preocupación" respecto a la reforma del sistema de financiación autonómica, valorando que Canarias se encuentra en una posición sólida para afrontar cualquier modificación respaldada por el Congreso de los Diputados.

Por esta razón, reiteró la necesidad de un pacto político y social en Canarias para exigir un nuevo sistema de financiación, con la excepción de Vox, que se opone a una cultura que considera que no se comprenden las particularidades canarias dentro del Ministerio de Hacienda.

"Canarias está lejos y hemos aprendido a luchar incansablemente para defender nuestros derechos", concluyó.

El vicepresidente del Gobierno autonómico, Manuel Domínguez (PP), mencionó que Canarias es un ejemplo de diálogo y unidad al defender los intereses del archipiélago, especialmente en lo que respecta a la reforma de la financiación y la condonación de la deuda.

Domínguez enfatizó que los canarios no son "ciudadanos de segunda clase" y que merecen los mismos derechos que el resto de los españoles, por lo que cualquier acuerdo debe ser equitativo para todos los territorios.

En esa misma línea, criticó que el acuerdo limita a las islas al establecer un tope del 50% sobre la deuda viva a 31 de diciembre de 2023, una condición que solo se aplica a Canarias y que también afecta a los superávits generados.

"Nuestra preocupación radica en que podamos quedar en una posición de desigualdad con respecto a otras comunidades autónomas. Tememos las repercusiones de acuerdos bilaterales y creemos firmemente que Canarias es una comunidad que debe ser reconocida como infrafinanciada", afirmó.

Por su parte, el portavoz adjunto de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos, reconoció que es imprescindible revisar el sistema de financiación autonómica y valoró la importancia de que el Gobierno convoque a los grupos parlamentarios para abordar estos asuntos.

Respecto a la condonación de deuda, advirtió que penaliza a las comunidades autónomas que han cumplido con sus obligaciones, como Canarias, manifestando que su grupo está en desacuerdo con esta medida.

Luz Reverón, portavoz del Grupo Popular, aseguró que la condonación afectará directamente a todos los canarios en términos de acceso a servicios básicos, al tiempo que "castiga" a quienes han gestionado sus finanzas de manera responsable y "premia" a aquellos que no lo han hecho.

Para ella, este acuerdo podría provocar la ruptura de la caja común entre todos los españoles, afectando a la solidaridad y la igualdad entre territorios.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, criticó que el debate sobre la financiación autonómica es solo una "discusión esteril" de quienes desean mantener el ineficiente estado autonómico, añadiendo que "Canarias ha estado durante décadas en los últimos puestos en indicadores económicos y sociales".

Expresó su frustración porque "nadie" propone una reducción de gastos, optando en cambio por un aumento constante del gasto público.

Luis Campos, portavoz de NC-BC, recordó que ya existe un pacto en Canarias para buscar un nuevo sistema de financiación que proteja los servicios públicos, excepto Vox que se ha excluido, instando a no permitir que intereses personales fragmenten esta "posición común".

Respecto a la quita de deuda, también instó a que se adopte una distribución per cápita, siguiendo la mayoría del Parlamento.

José Miguel Barragán, portavoz del Grupo Nacionalista, destacó la "unidad" existente en Canarias desde 2015 en torno a la reforma del sistema de financiación autonómica y criticó la "injusticia" del acuerdo de condonación de deuda, que impactará en todos los españoles.

Exigió un acuerdo más justo que contemple la deuda por habitante y que no esté limitado al 50%, dado que esta restricción penaliza a quienes han gestionado adecuadamente sus cuentas públicas.

Sebastián Franquis, portavoz del Grupo Socialista, resaltó el apoyo de su partido al "fuero canario", pero se distanció del Ejecutivo regional si lo que busca es "formalizar un enfrentamiento con el Gobierno de España".

Sobre la deuda, indicó que Canarias es una de las comunidades que "mejor sale" del acuerdo, justificando que es "lógico" que solo se abone el 50%, pues no sería razonable que el Estado asuma más deuda de la que tendría que pagar la comunidad. Franquis pidió a la consejera de Hacienda, Matilde Asián (PP), que "defienda" los intereses de Canarias y no abandone las negociaciones.