El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha expresado su rechazo hacia Coalición Canaria (CC) por, según su opinión, aprovechar el sufrimiento de una comunidad para fines políticos. Esta crítica se produce en un contexto donde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) ha denunciado el "uso partidista" que se está haciendo de las recientes erupciones volcánicas en el archipiélago.

En un avance significativo, el Pleno del Parlamento de Canarias ha dado luz verde a la primera legislación en España dedicada a la gestión de volcanes. Esta iniciativa, originada por la movilización de la ciudadanía y respaldada por más de 18,000 firmas, ha contado con el apoyo de todos los grupos parlamentarios durante su aprobación.

La ley busca establecer mecanismos más eficientes para ayudar a los afectados, permitiendo la reconstrucción de viviendas en las zonas devastadas por erupciones. También se otorgan derechos retroactivos que garantizan compensaciones por daños y aseguran condiciones de vida digna para aquellos que han perdido sus hogares.

Raúl Acosta, portavoz del Grupo Mixto, ha subrayado que esta normativa "emerge del pueblo" y se presenta como una respuesta necesaria frente a un fenómeno natural que, lamentablemente, tendrá su continuidad en el archipiélago. Aseguró que el contenido de la ley refleja la realidad vivida y las necesidades de los ciudadanos.

Acosta también ha reconocido la complejidad de la norma, enfatizando que la experiencia vivida en La Palma ha servido de guía y que los partidos han estado a la altura de las exigencias planteadas por quienes solicitaron su creación. "Contamos con una hoja de ruta clara", añadió.

Desde Agrupación Socialista Gomera (ASG), Jesús Ramos elogió la iniciativa de la ciudadanía palmera, manifestando que la ley proporciona una visión a futuro y seguridad frente a los múltiples retos que se derivan de situaciones volcánicas, permitiendo a los afectados reintegrarse a sus vidas. "Este marco normativo nos ayudará a ser más resilientes", afirmó.

Javier Nieto, representante de Vox, también ha hecho hincapié en la valentía de los afectados, destacando que la ley aborda deficiencias pasadas en la gestión pública. Sin embargo, también advirtió que esta no es una solución definitiva y se refirió a las complicaciones en la gestión de seguros que escapan al ámbito del Parlamento.

Por su parte, Luis Campos de NC-bc reconoció el liderazgo de los afectados en La Palma en la creación de la iniciativa legislativa popular. Aunque destacó que se han realizado mucho avances en el pasado, aceptó que fueron insuficientes y que era necesario un marco legal para aprender de los errores previos.

Campos advirtió que la posibilidad de una nueva erupción sigue siendo una vulnerabilidad latente para las Islas Canarias, y enfatizó que esta nueva ley no es un intento de solucionar los problemas del pasado, sino de mirar hacia el futuro. De manera irónica, reflexionó sobre la falta de un artículo que aborde el "uso partidista" de situaciones de emergencia.

Raquel Díaz del Partido Popular (PP) valoró que esta ley se distancia de ideologías y pretende ser un recurso para todos los canarios justamente cuando se conmemoran cuatro años de la tragedia del 'Tajogaite'. Reflejó la importancia de la respuesta colectiva ante situaciones inesperadas y la gestión pública que se realizó durante períodos críticos sin que se produjeran víctimas.

Díaz recordó la experiencia vivida durante la erupción y cómo la nueva ley representa un legado de resiliencia para todos. "Es una norma que no pertenece a nadie, sino a todos", concluyó.

Jonathan de Felipe de CC, por su parte, hizo hincapié en la solidaridad mostrada en La Palma durante la crisis, mencionando que la ley surge de la necesidad de un marco legal en tiempos críticos y agradeció la "empatía" de los legisladores en su desarrollo, llamando a la colaboración de todos los grupos para reconstruir la isla.

Alicia Vanoostende (PSOE) advirtió que la ley podría generar expectativas excesivas, pero también resaltó su importancia en la protección de Canarias ante erupciones futuras. Criticó la gestión actual y la falta de transparencia en el manejo de ayudas, añadiendo que la isla ha sido cubierta por un "silencio" inaceptable tras dos años de la erupción y que la respuesta del gobierno no ha estado a la altura.

Finalmente, Vanoostende instó a no utilizar el sufrimiento de los pueblos como una herramienta política, abogando por una mayor transparencia y responsabilidad en la distribución de ayudas y recursos para los afectados por la erupción.