La consejera de Bienestar Social de Canarias, Candelaria Delgado, ha expresado hoy la necesidad urgente de avanzar en la distribución de menores migrantes no acompañados, señalando que "no hay tiempo para más dilaciones". Durante su intervención ante el Parlamento, hizo un llamamiento a las comunidades autónomas que han presentado recursos ante el Tribunal Constitucional, pidiéndoles que actúen con un sentido de responsabilidad y cooperación.

Delgado subrayó que Canarias no busca limosnas, sino que solicita una gestión equitativa de los recursos necesarios para afrontar la situación. Espera que este viernes, durante la conferencia sectorial prevista, se logren acuerdos que permitan comenzar con los traslados de menores a otras comunidades antes de que finalice el verano, y no esperar hasta finales de septiembre como ha sido mencionado.

La consejera alertó sobre la urgencia de la situación, con casi 5,600 menores actualmente en el archipiélago y un sistema de acogida que se encuentra al borde del colapso. Con 82 centros operativos y el personal en condiciones desgastantes, destacó que todos los esfuerzos realizados hasta ahora están siendo sobrepasados.

Según Delgado, la crisis no es un fenómeno temporal, sino una "crisis humanitaria estructural". A tan solo seis meses del año, cerca de 15,000 migrantes han llegado a las costas canarias, y uno de cada tres es menor de edad. Hizo hincapié en que "la infancia no debería sufrir por la localización geográfica en la que se encuentran" y solicitó un sistema automático que garantice una distribución justa e inmediata de los menores.

La consejera recalcó la importancia de actuar con rapidez, ya que la presión sobre las islas es insostenible. Afirmó que la derivación de más de 1,000 menores solicitantes de asilo "sería un gran alivio" y recordó que es responsabilidad de toda la nación cuidar de aquellos que llegan solos en embarcaciones en busca de seguridad.

En este contexto, hizo un llamado a las comunidades a dejar de lado la confrontación y evitar que los menores sean instrumentalizados en conflictos políticos. La distribución, ha afirmado, debe ser justa y equitativa.

Por otro lado, Delgado indicó que la atención a estos menores ha generado un costo de aproximadamente 190 millones de euros anuales. Mientras que el Gobierno central solo ha asegurado 50 millones de euros para 2024, queda un déficit importante de 100 millones que se había prometido.

Mientras tanto, la diputada Jana González del CC destacó que la situación actual difiere de la del año pasado, gracias a cambios en la legislación y decisiones judiciales que fortalecen la posibilidad de redistribuir a los menores migrantes de manera efectiva.

Sin embargo, también advirtió sobre la falta de mecanismos adecuados para determinar la edad de muchos migrantes, lo que ha llevado a una preocupante cantidad de adolescentes a vivir en la calle. Esta situación, según ella, subraya que los derechos de los migrantes todavía son una aspiración lejana.

Raúl Acosta, del Grupo Mixto, expresó su esperanza de que se alcance un acuerdo antes del viernes, lamentando la incomprensión que han mostrado algunas comunidades autónomas respecto a la realidad de Canarias.

En su intervención, Jesús Ramos (ASG) criticó la prolongación de esta crisis, a la que el Estado y la Unión Europea parecen dar la espalda, mientras que las necesidades en las islas aumentan.

Nicasio Galván, portavoz de Vox, pidió que se priorice la repatriación de inmigrantes ilegales, argumentando que el continuo crecimiento de la presión migratoria conducirá a un colapso de recursos en las comunidades autónomas.

Por su parte, Luis Campos de NC-BC, lamentó que la intervención del Tribunal Supremo haya sido necesaria para instar al Estado a asumir su responsabilidad, acusando a algunos partidos políticos de desinterés ante la problemática canaria.

Finalmente, María Isabel Saavedra (PP) cuestionó la falta de una política migratoria efectiva por parte del Gobierno central, que ha dejado a Canarias lidiando sola con la crisis, y reconoció la importancia del apoyo judicial que ha permitido iniciar el proceso de acogida para los menores solicitantes de asilo.

En respuesta, Elena Máñez (PSOE) resaltó que el marco legal existente es fruto de la voluntad política y el trabajo del Gobierno en busca de soluciones que garanticen la acogida de estos menores.