En la reciente Conferencia Sectorial de Infancia celebrada en Madrid, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, expresó su descontento ante la ausencia de representantes de las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP). Delgado calificó esta falta de asistencia como una "falta de respeto”, especialmente hacia Ceuta y Canarias, que son dos de las regiones más afectadas por la crisis migratoria que enfrenta España.

La consejera informó a los medios que tuvo conocimiento de la decisión de no participar en la reunión por parte del PP justo al llegar a la capital española, y enfatizó que, como mínimo, estas comunidades deberían haber manifestado su rechazo a los puntos que se discutirían en el foro. A pesar de que era evidente que no se aprobaría ninguna medida concreta en la sectorial, Delgado sigue demandando acciones efectivas.

Delgado instó a la ministra de Infancia, Sira Rego, a que impulse sin demora lo estipulado en el Real Decreto-Ley que reformará la Ley de Extranjería, cuya aprobación está programada para el próximo 22 de julio en el Consejo de Ministros. Este decreto es crucial para regular la acogida de menores migrantes no acompañados y establecer la financiación correspondiente para las comunidades que asuman esta responsabilidad.

La consejera de Bienestar Social también puso de relieve que se espera que el 26 de agosto se dé luz verde a una nueva normativa que definirá la capacidad de acogida ordinaria para menores de edad migrantes. Delgado dejó claro que Canarias exigirá que se tomen medidas efectivas para garantizar que todos los niños migrantes sean trasladados de inmediato en cuanto se inicie la aplicación de esta norma.

En su análisis de la situación, Delgado criticó al Gobierno de España por el escaso presupuesto destinado a la acogida de estos menores: apenas 100 millones de euros para alrededor de 4,000 niños provenientes de Ceuta y Canarias. A su juicio, esta cifra es claramente insuficiente, ya que solo permitiría cubrir los gastos durante tres meses.

La consejera destacó que este aspecto de la financiación es de suma importancia y que debe ser tenido en cuenta durante las negociaciones, ya que se requiere garantizar el bienestar de los menores hasta que alcancen la mayoría de edad. En lugar de soluciones temporales, lo que se necesita es un plan completo que abarque todo el periodo de su acogida.

Delgado expuso que los sistemas de acogida de las comunidades autónomas están al borde del colapso y que se necesita establecer una red de apoyo eficaz para gestionar la situación. En el caso de Canarias, la capacidad debería ser de 785 menores, y cualquier superación de este límite debería ser financiada por el Estado.

La consejera puntualizó que no se puede culpabilizar a las comunidades autónomas, ya que, para poder exigirles responsabilidades, el Gobierno Central debe cumplir con sus propias obligaciones. Se refirió a un fallo del Tribunal Supremo en relación con más de 1,000 menores solicitantes de asilo, que aún no han sido trasladados desde las instalaciones de protección en Canarias.

Delgado subrayó la necesidad de que la Secretaría de Estado de Infancia interceda ante sus aliados gubernamentales, insistiendo en que el Ministerio de Inclusión debe cumplir con el fallo del Supremo y facilitar el traslado de los niños, permitiendo que puedan iniciar un proyecto de vida adecuado como refugiados.

También advirtió sobre las demoras en la tramitación de la documentación necesaria para el traslado de los menores y otras complicaciones que impiden que "ningún niño" haya salido de las islas hasta la fecha. Consultada sobre la falta de contacto con sus compañeros del PP en Canarias, Delgado afirmó que no ha tenido la oportunidad de dialogar con ellos, aunque reconoció que han mostrado respaldo para garantizar que los menores puedan dejar el archipiélago en búsqueda de un futuro mejor, dado que el sistema actual no puede soportar la demanda.