SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 de octubre.

Este lunes, el Gobierno de Canarias ha hecho un llamado urgente al Gobierno central para que implemente un plan inmediato que incluya un incremento de recursos económicos, personal y herramientas técnicas. La razón de esta solicitud es la crítica situación de hacinamiento que enfrentan los centros de acogida para menores migrantes en las islas, donde el flujo de salidas es alarmantemente deficiente.

En una reciente rueda de prensa, Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno regional, advirtió sobre el deterioro de las condiciones tanto entre los solicitantes de asilo como entre los menores que deben ser trasladados conforme a la reforma de la ley de extranjería.

Cabello también informó que el Ejecutivo canario tiene planes de fortalecer el área de Bienestar Social mediante la contratación de 24 nuevos trabajadores, un esfuerzo que se suma a los 39 que fueron añadidos en una primera fase. Además, se incorporarán otros cuatro expertos a la Fiscalía Superior de Canarias para ayudar con la gestión de los trámites de edad de los menores.

Los nuevos profesionales se suman como respuesta a las necesidades derivadas de la aplicación del Real Decreto 658/2025, que fue activado debido a la declaración de una contingencia migratoria extraordinaria. Esta nueva contratación permitirá que los equipos de trabajo estén formados por 10 trabajadores sociales, 10 administrativos y 4 juristas, distribuidos en las distintas provincias de las islas.

Este esfuerzo de refuerzo sigue la línea de acción iniciada en septiembre del año pasado, donde se incorporaron 39 empleados bajo un contrato Programa enfocado en temas relacionados con la infancia, que han sido responsables de gestionar los expedientes de los menores migrantes hasta la fecha.

Con la llegada de estos nuevos 63 profesionales, el Gobierno canario busca asegurar la defensa y promoción de los derechos de los menores en las islas, modernizando el sistema público de atención a la infancia y mejorando así la capacidad operativa del personal, con el fin de proporcionar una atención más eficaz a los menores y sus familias.

Cabello hizo hincapié en que el Gobierno canario está comprometido a utilizar todos los recursos disponibles para priorizar la tramitación de los expedientes y, al mismo tiempo, exige que el Estado actúe de igual manera. "Estamos haciendo nuestra parte mientras que el Estado no está cumpliendo con su deber", subrayó.

El portavoz agregó que su administración tiene el "conciencia tranquila", pues ha comunicado cada uno de sus pasos al Tribunal Supremo, asegurando que "poco más se puede solicitar" al archipiélago en una situación que califica de "desesperante", con centros que albergan a más de 300 menores.

Cabello criticó la falta de acción por parte del Gobierno central, acusándolo de engañar a las islas de manera sistemática, lo que podría llevar a que muchos menores cumplan 18 años sin que se les reconozcan sus derechos.

En relación a los menores que se encuentran bajo el artículo 35 de la ley de extranjería, se ha indicado que desde el 29 de agosto solo se han realizado tres de las 41 derivaciones necesarias. En este contexto, tres menores han alcanzado la mayoría de edad, mientras que un total de 4,700 aún permanecen en Canarias.

Cabello cuestionó la situación: "Canarias está dispuesta a seguir cumpliendo con su parte, pero entre eso y que solo se realicen tres traslados... es preocupante".

En cuanto a los solicitantes de asilo, también se ha hecho evidente que solo 182 han sido trasladados a la península, un aumento de 21 respecto a la semana anterior. Según Cabello, al ritmo actual, se demoraría aproximadamente 13 meses y dos semanas en cumplir con el mandato del Tribunal Supremo, dado que actualmente hay 764 menores pendientes de ser trasladados, sin contar otros 400 nuevos desde junio, lo que eleva la cifra total a 1,164 solicitantes de asilo en la región.