La Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias ha firmado un nuevo convenio de colaboración con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Federación Canaria de Municipios (FECAM) para establecer un protocolo de actuación, de forma conjunta y coordinada, ante situaciones de desahucio de familias vulnerables en Canarias y evitar, siempre que sea posible, los lanzamientos. El consejero de Vivienda en funciones, Sebastián Franquis, enfatizó que en los últimos tres años se han evitado más de 1.300 lanzamientos.
El convenio establece un escudo social para proteger a las familias canarias con dificultades de forma más efectiva durante los próximos cuatro años. El convenio permitirá mejorar la gestión pública ante un desahucio mediante la intervención del Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) y los servicios sociales de los ayuntamientos canarios. Los juzgados se comprometen a paralizar el procedimiento si se detecta que se trata de personas en situación vulnerable y dar parte al ICAVI para que se active el programa Canarias Pro-Hogar y se constate la situación de riesgo de los afectados.
Las personas afectadas se incluirán en el Canarias Pro Hogar, donde podrán recibir una ayuda para pagar el alquiler y evitar el lanzamiento, o se les derivará a los recursos municipales que se encuentren disponibles y que ofrezcan los ayuntamientos, como una vivienda provisional. También se establece otra vía para negociar directamente con los fondos de inversión o entidades bancarias propietarias del inmueble, como ya hace en la actualidad el ICAVI a través del Canarias Pro Hogar.
El convenio permitirá que se aplique la paralización de los desahucios a todos los casos de vulnerabilidad en Canarias, garantizando así la atención necesaria y evitando el riesgo de que las personas afectadas caigan en situación de exclusión social. Además, este convenio no se centrará en los grandes tenedores, sino que abarcará cualquier procedimiento judicial de desalojo en las islas.
El consejero Franquis agradeció a los ayuntamientos, a través de la Fecam, y también al Consejo del Poder Judicial, que firmen este convenio y este protocolo para que en los próximos cuatro años "las familias canarias con dificultades estén mucho más protegidas de lo que estaban hasta el día de hoy". También destacó la importancia de herramientas como el Canarias ProHogar que han permitido frenar 1.378 desahucios en el archipiélago desde 2021 hasta la fecha y afirmó que el convenio permitirá impulsar este tipo de instrumentos de forma conjunta y coordinada entre administraciones.