Cabello advierte que la ausencia de los PGE 2026 significaría un nuevo revés para Canarias

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 15 de septiembre.

Alfonso Cabello, portavoz del Gobierno de Canarias, subrayó este lunes la crucial relevancia del 'derecho canario', enfatizando que los fondos que el Estado tiene la obligación de enviar a las Islas en áreas como educación, lucha contra la pobreza y la reconstrucción de La Palma están lejos de ser suficientes y llegan a un ritmo alarmantemente lento.

Durante una rueda de prensa que siguió al Consejo de Gobierno, Cabello fue cuestionado sobre los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026. Explicó que muchas cuestiones que requieren respuesta administrativa aún no se han resuelto, y que idealmente deberían estar incluidas en el PGE, en vez de tener que solucionarse a través de diversos decretos.

Reiteró que la falta de estabilidad en el Congreso de los Diputados dificulta la aprobación de estas iniciativas, lo que resulta en un incumplimiento significativo de las obligaciones del Gobierno central hacia Canarias.

En este contexto, el presidente Fernando Clavijo ha instado al presidente Pedro Sánchez en una reunión reciente a finales del verano a identificar, a través de un 'decreto canario', cuáles deberían ser las prioridades para la Comunidad Autónoma en el año 2025, destacando que muchas de estas cuestiones siguen sin resolver a estas alturas del año.

Cabello continuó enfatizando la urgencia de superar el año 2025, apuntando que el actual clima de agitación política, junto con la desinformación sobre las políticas gubernamentales, está impactando negativamente a los ciudadanos canarios. “No tenemos claridad sobre cómo y cuánto dinero va a llegar”, afirmó.

Ante la perspectiva de los PGE 2026, Cabello expresó que, si no se logra aprobar un presupuesto, esto se interpretaría como un nuevo fracaso, recordando que la promesa de contar con PGE para 2025 fue en vano, ya que todas las consejerías colaboraron con los ministerios para formular presupuestos óptimos, pero al final, la fragilidad del Gobierno de España impidió su ejecución.