En una sesión de pleno celebrada hoy miércoles en el Ayuntamiento de Adeje, se aprobó por unanimidad una moción presentada por el grupo socialista para solicitar al Gobierno de Canarias que declare al municipio zona tensionada en virtud de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda. Esta medida contó con el apoyo de Coalición Canaria, Partido Popular y Unidas Podemos, mientras que Vox votó en contra.

Además, se acordó incorporar una enmienda presentada por Unidas Podemos que insta al Estado español a realizar un inventario y análisis del patrimonio de la Administración y los Organismos Públicos, así como a que el Gobierno de Canarias ponga en marcha los mecanismos necesarios para el desarrollo adecuado del índice de referencia de precios de alquiler de viviendas en la comunidad y para informar a la FECAM sobre los acuerdos alcanzados.

El alcalde de Adeje, José Miguel Rodríguez Fraga, explicó que esta medida se enmarca dentro de un conjunto de acciones destinadas a abordar el problema de la vivienda en el municipio, con el objetivo de facilitar el acceso a una vivienda digna a los trabajadores en base a sus ingresos y capacidades económicas.

Este paso marca el comienzo de un proceso que permitirá al Gobierno de Canarias realizar los estudios pertinentes para evaluar los parámetros socioeconómicos que posibilitarán la declaración de zona tensionada. Se aclaró que la disminución de los precios de alquiler será opcional para los propietarios de inmuebles, quienes podrán decidir si desean adherirse a estas medidas o no, con la posibilidad de obtener hasta un 90% de beneficios fiscales en la declaración de la renta para aquellos que opten por hacerlo.

El alcalde también señaló que, si bien esta medida no resolverá por completo el problema de la vivienda en Adeje, forma parte de un plan integral que también contempla la construcción de viviendas de protección oficial, la adquisición de terrenos para la edificación de viviendas asequibles, incentivos para el sector privado y otras iniciativas.

La investigación arrojará datos cruciales sobre el porcentaje de ingresos destinados a la vivienda por los habitantes de Adeje, así como posibles aumentos de precios que superen el IPC en los cinco años anteriores, con la opción de realizar estudios por zonas o núcleos dentro del municipio.

En la práctica, esta medida implicaría la posibilidad de que los arrendatarios en áreas tensionadas reduzcan un 5% las rentas de alquiler a cambio de incentivos fiscales que podrían llegar al 90%. Además, los propietarios que firmen contratos de al menos 10 años podrán evitar la congelación de precios y aumentar el alquiler hasta un 10% a cambio de una extensión del contrato.

Adeje ya tiene planes en marcha para la construcción de viviendas en la zona de Armeñime, así como la cesión de terrenos para nuevas construcciones. En las últimas tres décadas, se han llevado a cabo proyectos que han puesto en el mercado más de mil viviendas para personas trabajadoras. El alcalde destacó la importancia de esta medida en conjunto con la disponibilidad de terrenos para facilitar proyectos de vivienda asequible en el municipio.