Torres señala que las CCAA deben cumplir con el traslado de menores migrantes bajo leyes vigentes.
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 31 de julio. El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha señalado este jueves la existencia de “mecanismos legales” que obligan a las comunidades autónomas a acatar la Ley de Extranjería, especialmente tras la reciente modificación del artículo 35. Esta actualización se enmarca dentro del próximo Real Decreto de Capacidad que se proyecta aprobar el próximo 26 de agosto, en el contexto de una eventual situación de contingencia migratoria.
Durante una rueda de prensa en Las Palmas de Gran Canaria, donde se reunió con los delegados del Gobierno de diversas comunidades autónomas, Torres hizo hincapié en que “se debe cumplir la ley”, sin excepciones. En esta reunión participaron en persona los delegados de Ceuta y Melilla, mientras que los representantes de otras regiones lo hicieron de forma telemática.
El ministro, acompañado por colegas del Ministerio de Infancia, enfatizó que actualmente se está implementando un “sistema garantista”, que es de cumplimiento obligatorio para todas las comunidades autónomas, reforzando la importancia del nuevo marco legal que han introducido con la modificación mencionada.
De igual manera, Torres extendió un llamado a la colaboración entre comunidades, independientemente de cualquier postura política sobre la nueva ley. Este aviso surge tras enterarse que el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, suspendió las actividades en su centro de refugiados por no contar con la licencia adecuada para su uso, lo que ilustra las complicaciones que enfrentan algunos municipios en la gestión de este asunto.
En la reunión, el ministro expuso los pasos tomados tras la modificación del artículo 35 y los próximos movimientos, incluyendo la aprobación del Real Decreto de Capacidad, que permitirá a las comunidades en situaciones de saturación migratoria informar en un plazo de tres días si enfrentan un incremento de la capacidad en el acogimiento de menores no acompañados.
Esta problemática es especialmente aguda en las regiones de Canarias, Ceuta y Melilla, y Torres advirtió que “cualquier comunidad puede verse en tal situación”, dado que el flujo migratorio ha aumentado notablemente, afectando incluso a las Islas Baleares.
Torres subrayó que la reforma del artículo 35 establece “criterios objetivos” que atenderán a aspectos como la población y el esfuerzo que realicen las comunidades para absorber las llegadas de menores. Cuando se triplica la capacidad ordinaria, se inician procedimientos administrativos que culminan con la firma del delegado del Gobierno y que establece un máximo de un año para reubicar a los menores en el resto del país.
Torres también remarcó que este es un tema de derechos humanos, y mencionó que, tras la invasión de Rusia a Ucrania, muchas personas han buscado refugio por razones humanitarias, un fenómeno que también ocurre en otras regiones del mundo como Mali, diferenciándose únicamente por el color de la piel.
El titular de Política Territorial no dejó pasar la oportunidad de criticar la postura de la Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, y la suspensión de actividades en el centro de Pozuelo, lo que indica una renuencia a acoger a menores migrantes. “Hay menores en ese centro”, aseveró, aludiendo al deseo de evitar que menores africanos reciban atención, lo que calificó de “racismo preventivo” en comentarios sobre la disposición de ciertos gobiernos para acoger a menores según sus orígenes.
Por otro lado, Torres interpela al Partido Popular sobre su reciente votación en contra de la reforma del artículo 35 y se cuestiona si considerará derogar esta ley cuando presente nuevas iniciativas en el próximo mes de septiembre. Finalmente, instó al presidente del PP en Canarias, Manuel Domínguez, a pronunciarse públicamente en contra de la decisión de Ayuso y la alcaldesa de Pozuelo, enfatizando que el Gobierno de España está comprometido a cumplir con la ley y las obligaciones sentadas por el Tribunal Supremo.