Crónica Canarias.

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Torres afirma que la responsabilidad sobre la tutela de menores solicitantes de asilo recae en las comunidades autónomas.

Torres afirma que la responsabilidad sobre la tutela de menores solicitantes de asilo recae en las comunidades autónomas.

En un reciente encuentro con la prensa en Las Palmas de Gran Canaria, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, realizó declaraciones sobre la responsabilidad del cuidado de los menores solicitantes de asilo, afirmando que este aspecto no es objeto de discusión y corresponde a las comunidades autónomas.

Torres enfatizó que la tutela de estos menores no está en debate, subrayando que, según el Gobierno de España, dicha responsabilidad recae en las comunidades. Resaltó que esta posición ha sido respaldada por la Fiscalía de Menores de Canarias, el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias, así como por el Tribunal Constitucional y el Consejo de Estado. Aclaró que el auto del Tribunal Supremo no establece en ningún momento que la tutela deba ser transferida al Gobierno central, sino que se trata de integrar a los menores en el Sistema Nacional de Acogida, lo cual es un asunto distinto.

El ministro hizo estas declaraciones en respuesta a cuestionamientos sobre si el Gobierno nacional asumiría la tutela de los más de 1.000 menores que han llegado a Canarias solicitando asilo, justo después de que el Tribunal Supremo otorgara un plazo de diez días para que el Estado tomara cartas en el asunto.

Torres también apuntó que el derecho de asilo para ciertos menores proviene de un auto del Tribunal Supremo que menciona el hacinamiento en Canarias, indicando que se necesita una actuación basada en la “cooperación y colaboración” con el Gobierno de Canarias para abordar este problema.

Hizo hincapié en que se ha mantenido comunicación con el Gobierno canario y sus representantes técnicos, recalcando que la medida es de carácter cautelar y está relacionada con el hacinamiento, sin decidir sobre la permanencia o salida de los menores del archipiélago.

El ministro sugirió que se debe estudiar cada caso de forma individual, señalando que el Gobierno de Canarias comparte esta postura, pues muchos de estos menores llevan años viviendo en la isla, están escolarizados y han formado lazos sociales importantes.

En relación con la protección internacional de estos menores, Torres aseguró que el Estado aportará recursos conforme a los acuerdos establecidos con Canarias, buscando asegurar que aquellos que no permanezcan en la región sean integrados adecuadamente dentro del Sistema Nacional o en otras redes estatales.

Referente a la convalidación del Real Decreto-Ley que altera el artículo 35 de la Ley de Extranjería, Torres consideró que representa un avance significativo para los menores inmigrantes no acompañados, subrayando que se trata de una cuestión que se ha reclamado durante 30 años desde diversas regiones fronterizas como Canarias, Ceuta, Melilla y otros territorios.

Aprovechó la oportunidad para agradecer el respaldo de los nueve grupos políticos que votaron a favor de la medida, lamentando la postura negativa del Partido Popular y Vox. En particular, criticó la posición del PP, que gobierna en muchas comunidades autónomas, lo que consideró incoherente.

Con la aprobación de este decreto, Torres asserts que cualquier menor que llegue a España tiene derecho a ser atendido en todo el territorio nacional, lo que implica que todas las comunidades tienen la responsabilidad legal de responder a esta realidad.

El ministro advirtió que, aunque podría haber críticas y objeciones políticas, la única manera de participar en la política es a través del voto.

Sobre la posibilidad de que el PP y algunas comunidades autónomas recurrieran al Tribunal Constitucional para frenar el decreto, cuestionó la alternativa que ofrecerían, señalando que no es justo que territorios como Canarias, con dos millones de habitantes, albergue a 6.000 menores en condiciones de saturación.

Sin embargo, dejó claro que la norma aprobada tiene fuerza vinculante, y su cumplimiento es obligatorio, incluso para aquellas comunidades que están en desacuerdo.

Para finalizar, anunció la celebración de una conferencia sectorial el 28 de abril, donde se discutirán criterios de distribución de menores en situaciones de migración, asegurando que se dará prioridad a la correcta gestión y documentación de los menores.

Torres advirtió que si las comunidades autónomas no cumplen con la ley al no proporcionar la información necesaria, el Gobierno central actuará conforme a los procedimientos legales estipulados, aunque espera que dicha situación no se presente.

En caso de incumplimientos, el ministro destacó que existen diversas vía legales, incluyendo posibles sanciones, para asegurar el cumplimiento de la ley ya ratificada por el Congreso. Concluyó expresando su confianza en que todos los actores implicados cumplirán con lo legislado.