El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, defendió este martes su integridad tras la publicación de un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Según el dirigente, el documento no aporta evidencia de actividad delictiva durante su mandato como presidente del Gobierno de Canarias, denunciando que se encuentra en medio de un ataque difamatorio.

Durante una conferencia de prensa celebrada en la sede de su ministerio, Torres se refirió a las acusaciones que indican que solicitó "pagos pendientes" a la empresa Soluciones de Gestión en el contexto de la adjudicación de contratos para la provisión de mascarillas, los cuales estarían bajo la lupa por irregularidades.

El informe de la UCO, que examina las compras de material sanitario en las Islas durante la crisis sanitaria, ha sido entregado al juez del caso Koldo, Ismael Moreno. En este documento, se menciona que Torres, en su calidad de presidente, se disculpó con Koldo García, un exasesor ministerial, por las deudas que la administración tenía con Soluciones de Gestión, prometiendo encontrar una solución a este asunto.

Frente a un amplio grupo de periodistas, el ministro declaró que, tras varios años de pesquisa, el informe carece de menciones sobre comisiones ilícitas o faltas penales. Torres enfatizó que no se encontraban pruebas de actividades ilegales y se mostró aliviado de que no haya indicios de corrupción, como él mismo puntualizó: “No hay pisos en Atocha, no hay mujeres explotadas sexualmente, no hay nada de todo aquello”.

El titular de Política Territorial agregó que el informe enviado a la autoridad judicial no incluye ningún pedido de investigación sobre él o su Gobierno. Subrayó que, en sus páginas, no se encuentran denuncias sobre conductas ilícitas, reafirmando su compromiso ético con el cargo que ha ocupado.

Respecto a una reunión supuestamente sostenida con Víctor de Aldama, señalado como el presunto intermediario en el caso Koldo, Torres explicó que solo recibió un mensaje de Aldama, quedando en nada los rumores sobre un encuentro más comprometido que habría tenido lugar durante un viaje a Madrid en julio de 2020.

A pesar de esto, el ministro acusó a Aldama de hacer graves imputaciones en su contra, mencionando acusaciones de uso indebido de bienes inmuebles y de mantener reuniones con refinerías. Ante esta situación, ha decidido interponer una demanda por "vulneración al honor familiar", aunque no se han ofrecido detalles específicos al respecto.