En reciente sesión plenaria, el Cabildo de Tenerife ha expuesto su plan económico-financiero para los años 2025 y 2026, después de haber sobrepasado la regla del gasto en 117 millones de euros, lo que ha llevado a que la corporación quede bajo la supervisión de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias.

Juan Carlos Pérez Frías, director insular de Hacienda, aseguró que la implementación del plan está prevista para finales de julio, una vez reciba la aprobación correspondiente del Ministerio de Hacienda. Según Pérez Frías, esta situación se debe a razones "coyunturales", enfatizando que la salud económica del Cabildo se mantiene "sólida".

El director refirió que la institución ha demostrado ser un "buen pagador", cumpliendo con los criterios de estabilidad presupuestaria –con 33 millones de euros– y manejando los plazos de pago a proveedores en un promedio de 10,5 días. En cuanto al endeudamiento, este se sitúa en un 16,18%, muy por debajo del límite del 110% establecido por el Estado.

Pérez Frías destacó que el remanente de tesorería del final de 2023 asciende a 217 millones de euros, una cifra contrastada con los 101 millones proyectados para 2024. Parte de estos fondos se ha destinado a proyectos significativos como la desalación y depuración de aguas, la adquisición de autobuses para el transporte público, un plan de empleo, y la construcción de viviendas, entre otros.

"No es aceptable mantener un ahorro superior a los 200 millones de euros por falta de ejecución presupuestaria. Es grave, más aún cuando el gobierno anterior carecía de límites fiscales que restringieran su capacidad de inversión", argumentó Pérez Frías.

A pesar de esto, resaltó que han actuado con "prudencia", utilizando el remanente para evitar el endeudamiento y mantener la operatividad en la isla. Este año, no será necesario implementar "medidas extraordinarias", ya que se prevé el cumplimiento de la regla de gasto y la utilización de un superávit de 34 millones de euros para liquidar las deudas con Acuaes.

Eludió el dramatismo en la situación actual, afirmando que el verdadero problema lo acarreó el gobierno anterior al permitir un remanente excesivo de 200 millones de euros, lo que resultó en una parálisis administrativa.

Desde las filas del PSOE, Nauzet Gugliotta calificó la creación del plan económico-financiero no como un simple procedimiento administrativo, sino como una "medida correctiva" ante el uso imprudente de los remanentes como "fondos ordinarios".

El portavoz socialista expresó su preocupación por la falta de previsión del Cabildo, subrayando que enfrentar ciertos gastos imprevistos, como los derivados de un incendio, no es comparable a la necesidad de un plan de empleo o inversiones prioritarias que deberían estar adecuadamente programadas.

Gugliotta manifestó que su grupo estará atento a estos desarrollos, sugiriendo que podrían haberse reordenado partidas dentro del presupuesto en lugar de recurrir al remanente.

Por su parte, Ana Salazar, portavoz de Vox, valoró la "prudencia" y "transparencia" del gobierno al reconocer la situación y presentar un plan de ajuste que no sacrifica las inversiones estratégicas. Ella expresó su deseo de que se garantice un uso responsable de los recursos públicos para preservar el equilibrio presupuestario de la corporación: "Tenerife necesita instituciones que actúen con seriedad, previsibilidad y solvencia", concluyó Salazar.