Santa Cruz de Tenerife, 2 de enero.

La Guardia Civil ha dado un paso significativo al inmovilizar alrededor de 431 juguetes en un bazar ubicado en Granadilla de Abona, en la hermosa isla de Tenerife. Esta acción se llevó a cabo debido a que los productos en cuestión no cumplían con las normativas de seguridad exigidas, lo que levanta serias preocupaciones sobre la protección de los más pequeños.

En un comunicado emitido, la Benemérita subrayó el papel crucial que desempeñan sus unidades de Fiscal y Fronteras, quienes realizan una labor preventiva esencial mediante inspecciones en diversos comercios. Estas acciones tienen como objetivo identificar y retirar del mercado juguetes que, por su inseguridad o sus deficiencias en el etiquetado, no deberían estar disponibles para su venta al público.

Durante la reciente campaña navideña, uno de los locales que llamó la atención de los agentes fue el mencionado en Granadilla de Abona, donde se llevó a cabo una incautación preventiva de una gran cantidad de juguetes. De ese total, 102 artículos no contaban con el marcado CE, un sello que certifica que el producto cumple con los estándares mínimos de seguridad establecidos en la Unión Europea.

La ausencia de este distintivo en los juguetes retirados plantea un riesgo alarmante, ya que podría poner en peligro la seguridad de los niños, exponiéndolos a potenciales accidentes como asfixia, intoxicaciones o lesiones severas.

Adicionalmente, otros juguetes confiscados no incluían el etiquetado ni las advertencias necesarias en castellano. En muchos casos, también faltaba cualquier información de referencia, como el nombre del fabricante, importador o distribuidor, lo que agrava aún más la situación.

Al concluir la inspección, se levantó un acta que notificaba al propietario del local sobre varios incumplimientos con respecto al Real Decreto 1205/2011, el cual regula la seguridad de los juguetes. Las sanciones por estas infracciones pueden variar entre 150 y 10.000 euros, siendo la Dirección General de Comercio y Consumo de Canarias la entidad responsable de imponer estas multas, en un claro esfuerzo por garantizar la seguridad de los consumidores más jóvenes.