El presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, ha realizado declaraciones en el procedimiento de investigación por un supuesto fraude millonario de Seguridad Integral Canaria (SIC), afirmando que el exjuez Salvador Alba "prostituye" la causa. Alba, quien estuvo a cargo del caso y actualmente está en prisión por prevaricación judicial y falsedad en documento público, ha sido señalado como responsable de perjudicar el desarrollo del proceso. Tanto Ramírez como su defensa, al igual que el empresario Héctor de Armas, han solicitado la nulidad de la actuación, que será resuelta por el tribunal en la sentencia. A pesar de esto, Ramírez ha decidido declarar y responder preguntas para desmentir que no ha pagado a nadie.
En la vista oral celebrada en la Audiencia Provincial de Las Palmas, Ramírez ha explicado que fue propietario de SIC y ejerció como administrador único hasta 2011, cuando Héctor de Armas asumió el cargo debido a que él tenía más empresas. Ante las preguntas sobre los pagos a los empleados en concepto de dieta, Ramírez ha argumentado que se trata de un segundo ingreso para evitar que los trabajadores utilicen su salario personal para cubrir el kilometraje y ha señalado que estos pagos se realizaban alrededor del día 15 de cada mes.
El empresario ha destacado que en el ámbito de la seguridad privada es sencillo controlar las dietas y el kilometraje, ya que los contratos especifican horarios, servicios y destinos, lo que permite verificar los pagos. Además, ha afirmado que hasta 2011, el control de estos aspectos era realizado de forma rudimentaria a través de "sábanas", aunque toda esta información fue puesta a disposición de la juez Victoria Rosell, quien la rechazó.
Ramírez también ha mencionado la opinión de los inspectores de Hacienda sobre las deducciones por dieta, quienes han dejado claro que se devengaba una dieta sin necesidad de justificación. El empresario ha defendido que si la empresa declara que un trabajador ha recibido dieta y kilometraje, es porque efectivamente ha sido así. Asimismo, ha asegurado que todo lo requerido por la Agencia Tributaria les ha sido entregado.
Además, Ramírez ha afirmado que la Agencia Tributaria cuenta con todos los medios para acreditar lo que desee de cualquier persona, señalando que esta causa no necesitaba ser judicializada. Ha mencionado el caso de otra de sus empresas, Ralons Servicios, en la que el procedimiento fue sobreseído tras una serie de comprobaciones.
Según Ramírez, el exjuez Alba se centró en los contratos de publicidad que tenía con la pareja de Rosell y desvió la atención de la investigación. Ha afirmado que tiene derecho a que el procedimiento no sea manipulado y ha negado rotundamente no pagar a nadie, ya que la Seguridad Social ha inspeccionado su empresa durante diez años. También ha enfatizado que toda la información está en el sistema informático que se utiliza desde que Héctor de Armas asumió como administrador y ha destacado que las horas extras se pagaban por transferencia bancaria.
Finalmente, Ramírez ha asegurado que, de no levantarse este procedimiento, SIC sería una de las principales empresas de seguridad privada, dado que contaba con 5.000 empleados y contratos en varios lugares de España, Miami y Cabo Verde, entre otros.
La denuncia inicial fue presentada en marzo de 2013 por el sindicato USO, señalando que se estaban pagando horas extras como dietas en los años 2008 y 2009. El Ministerio Fiscal ha indicado que existen indicios de que esta práctica continuó hasta el 2013. El empresario y Héctor de Armas se enfrentan a duras penas de prisión y multas millonarias por delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Tags:
Categoría:
Newsletter
Entérate de las últimas noticias cómodamente desde tu mail.